La Fiscalía Anticorrupción pide 5 años y 2 meses de cárcel para el exdiputado de CiU Oriol Pujol por su supuesta implicación en la trama de las ITV en Cataluña, al concluir que se valió de su poder político para favorecer a un empresario, amigo íntimo, que le pagó comisiones a través de su esposa.
En sus conclusiones provisionales, los fiscales Anticorrupción Teresa Duerto y Fernando Maldonado acusan al ex secretario general de CiU e hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de un delito de tráfico de influencias, uno continuado de cohecho y otro continuado de falsedad en documento mercantil.
Anticorrupción también pide que se multe a Oriol Pujol con 310.000 euros y que se le decomisen, junto a su esposa, la también acusada Anna Vidal -para quien pide tres años y cuatro meses de cárcel-, los 443.660 euros que supuestamente les pagó su amigo íntimo Sergi Alsina -que afronta una petición de 6 años de prisión- en concepto de dádiva para que intercedieran a favor de sus intereses.
En concreto, la Fiscalía pide para Oriol Pujol una pena de dos años de cárcel, una multa de 250.000 euros y una inhabilitación de cuatro años por un delito de tráfico de influencias; un año y seis meses de prisión y suspensión de empleo o cargo público durante dos años y medio por un delito continuado de cohecho; y dos años de cárcel y una multa de 60.000 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Según la Fiscalía, entre 2010 y marzo de 2012, cuando se detuvo a varios de los acusados, Sergi Alsina pagó 443.660 euros por trabajos ficticios a Anna Vidal, a cambio de utilizar el poder e influencia política de Oriol Pujol, que facilitó incluso el acceso al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, en varias operaciones mercantiles en las que fue contratado como mediador.
Alsina contrataba "aparentemente" los servicios de Anna Vidal en concepto de asesoría con la finalidad de "retribuir la inestimable colaboración" prestada por su esposo, Oriol Pujol, ya que la labor realizada por la mujer era "ficticia" o "carente de valor", al limitarse a aportar manuscritos o información "fácilmente" extraíble de Internet, según Anticorrupción.
