La fiscal Sánchez Conde y los jueces Berdugo y Marchena tendrán la última palabra sobre el futuro de Puigdemont

Carles Puigdemont está en el ojo del huracán. La mayoría de la junta de fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo (TS) abogan por investigar a Puigdemont por terrorismo en 'Tsunami Democràtic'. Lo hicieron pese al informe de su compañero Álvaro Redondo, que se oponía a que el TS investigara al expresidente catalán fugado. Ahora entra en juego la Fiscalía General, que está bajo el paraguas de Moncloa. Es un paso más en una larga tramitación.

El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón derivó la imputación de Puigdemont al Supremo -por ser aforado. El fiscal Redondo determinó que no apreciaba delito de terrorismo. La mayoría de la Junta de Fiscales no está de acuerdo. Pero como hay una discrepancia entre los dos fiscales jefe de la Junta, será ahora su superior, la Teniente Fiscal del Supremo y mano derecha del Fiscal General, María Ángeles Sánchez Conde, la que resuelva.

Pese a ello, quien determine si se admite a trámite o no la causa, no es ningún fiscal. Es el juez del Supremo Ramón Berdugo. Si la admite, el futuro de Puigdemont podría acabar en manos del juez Manuel Marchena (Supremo), que fue el que dictó sentencia a los líderes de 'procés'.

Discrepancias en la Junta de Fiscales del Supremo

Después cuatro horas de reunión, la Junta de Fiscales del Supremo se ha mostrado partidaria por una amplia mayoría de investigar por terrorismo a Puigdemont al rechazar el borrador del fiscal del Supremo Álvaro Redondo. El artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal explica que "los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe" de la Junta de Fiscales.

Lo que ocurre en la votación es que los dos fiscales jefes Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa han expresado posturas contradictorias. El primero (uno de los cuatro fiscales del juicio del 'procés') se ha mostrado favor de investigar por terrorismo a Puigdemont, y el segundo lo contrario. Ante este escenario, el mismo artículo 24 precisa que "si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes deberá someter ambas a su superior jerárquico".

Ahora la decisión caerá en manos de Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz. Ella fijará la postura definitiva que elevará ante la Sala de lo Penal del TS. Ella unificará el criterio no solo entre los fiscales del Supremo, con una mayoría que sí aprecia terrorismo, sino también teniendo en cuenta la Fiscalía de la AN, que descarta de plano que los disturbios ocurridos tras conocerse la sentencia del 'procés' en octubre de 2019 sean constitutivos de este delito.

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