La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido este lunes que el PP, considerado partícipe a título lucrativo en el juicio de la primera época de la trama 'Gürtel', fue quien se "benefició" de los más 245.000 euros por las actividades presuntamente realizadas por los entonces alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda y descarta que sean los grupos municipales los que tengan que responder por ello.
Según ha explicado la fiscal Concepción Sabadell, el PP "alega la nulidad de la causa porque se le ha atribuido la condición de partícipe lucrativo que no le pertenece, sino a los grupos municipales". "El PP, tal y como quedará acreditado en el juicio oral, es quien se vio beneficiado en más de 245.000 euros", ha enfatizado.
Así su condición en este juicio es "plenamente válida" por los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos y, por ello, ha solicitado al tribunal encargado de juzgar a los 37 acusados que no acepte la petición de la formación política de ser retirada del procedimiento porque "no procede su exclusión".
El pasado miércoles, el abogado del PP, Jesús Santos, subrayó que el PP tiene una condición "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, ya que el partido no ha tenido "participación alguna" en los hechos. Aseguró que desconoce "con precisión y con la concreción necesaria" qué hechos precisos acreditan que se considere al PP como "beneficiario" y le reporte la condición de responsable civil.
De hecho, mantuvo que el PP no ha tenido "participación alguna" en los delitos que se le imputan y remarcó que sigue sin conocer a día de hoy "ni el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni dónde" del presunto beneficio que generó a su favor la actividad de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con empresas de Francisco Correa.
"No debería ser el PP el que ocupara esta posición, sino los grupos municipales", señaló, aludiendo a los responsables del PP en los ayuntamientos anteriormente mencionados. Además, este lunes, Anticorrupción ha reprochado a las acusaciones y al PP que pedir la nulidad del procedimiento trata de "intoxicar el trámite", lo que, en su opinión, es una defensa "oportunista, desenfocado y muy grave".
