La Fiscalía apoya la suspensión del ingreso a prisión de Laura Borràs mientras se tramita el indulto

El pasado mes de febrero, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la pena de prisión de cuatro años y medio, así como la inhabilitación por 13 años y una sanción económica de 36.000 euros a la expresidenta del Parlament de Cataluña y exlíder de Junts, Laura Borràs. El motivo de la condena se debe por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.

Borràs presentó un recurso pidiendo la aplicación de la ley de amnistía al ser un "perfil netamente independentista", una petición que rechazó el Supremo al considerar que los delitos por los que se le condena no están relacionados con el 'procés'. Ahora, la Fiscalía apoya a que se suspenda su entrada en prisión.

La expresidenta del Parlament y exlíder de Junts, dirigía entre los años 2013 y 2018 el Instituto de las Letras Catalanas. Durante ese periodo fraccionó contratos y se los adjudicó a dedo a un amigo por un valor de 335.700 euros, motivo por el que fue condenada a cuatro años y medio de prisión. El abogado de Borràs solicitó al TSJC formalizar la petición del indulto y suspender la condena hasta que el Gobierno resolviera si le concede el indulto parcial.

En un escrito remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), se expone la Fiscalía apoya a que la expresidenta del Parlament no entre a prisión mientras se tramita el indulto. Al principio, la sentencia del tribunal proponía que el Gobierno le concediese un indulto parcial para rebajar la pena a dos años, para que no tuviera que ingresar a prisión.

Sin embargo, el Ministerio Público ha comunicado a este tribunal que no se opone a que evite la cárcel mientras se espera la decisión del Ejecutivo. A esperas de lo que suceda, lo que si que tendrá que cumplir son los 13 años de inhabilitación.

El TSJC considera que la condesa es "excesiva"

El tribunal catalán expresa que la condena de cuatro años y medio por el delito de falsedad documental de la expresidenta del Parlament lo considera "desproporcionada y excesiva". Sumándole que los contratos fraccionados no fueron para un "lucro personal" sino para adjudicarlos "arbitrariamente" a un amigo.

Por otra parte, el Ministerio Público también ha apoyado que se suspendan las penas de los otros dos condenados: Isaías H., el amigo de Borràs al que se le adjudicaron los contratos y Andreu P., quien hizo las facturas falsas.

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