La Fiscalía Anticorrupción cifra en 4.916.000 euros la financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 a través de la red Púnica, una cifra que obtiene sumando el dinero que gastó de más en las campañas electorales de esos años y que no incluyó en su contabilidad electoral. En un informe del pasado 8 de marzo, la Fiscalía destaca que el PP se puso en marcha "un grupo de decisión", liderado por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, que usó varios "canales de financiación irregular" para pagar los excesos de gasto de esas tres campañas electorales.
Calcula ese exceso a partir del estudio de la contabilidad B que se halló a Gutiérrez y lo divide por años, de manera que en 2007 fueron 2.685.000 euros, en 2008 685.000 y en 2011 1.546.000 euros; en este último caso "sin contar la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral". "El Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó esos importes", destaca Anticorrupción acto seguido en dicho informe.
El documento analiza los dos efectos incautados que han sido clave para encontrar indicios de financiación irregular del PP madrileño: una libreta o "cuaderno negro" hallado en el domicilio de Granados y un "pendrive" encontrado a Gutiérrez. En la libreta hay anotaciones manuscritas sobre actos de campañas electorales de septiembre de 2010 a abril 2011, y en un hoja aparecen dos columnas "IN-OUT", donde, dice la Fiscalía, "supuestamente se relacionaban los ingresos procedentes de determinados empresarios" y se vinculan con salidas a personas como Granados y Gutiérrez.
El "segundo hallazgo importante para la investigación" fue la intervención de dos lápices de memoria de Gutiérrez en el registro a domicilio en febrero del 2016, cuyo análisis "revela la existencia de una contabilidad B de gastos electorales de las campañas electorales de los años 2007, 2008 y 2011 (municipales, autonómicas y nacionales)".
De estas pruebas, dicen las fiscales del caso, se extrae que una vía de financiación era a través de empresarios que hacían trabajos electorales para el PP y que "acordaban facturar a quien se les indicara desde la Gerencia del partido".
En esas facturas, desglosaban los importes para que una parte se declarara al Tribunal de Cuentas y otra, en cambio, "fuera opaca". Así, en 2007, 2008 y 2011 el PP de Madrid pudo haber violado la normativa electoral y superó en cada campaña los límites de gasto, "derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal". "La cuenta electoral del Partido no recogió ni el ingreso de todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, ni los pagos de los mismos", dice la Fiscalía.
Otro "instrumento muy activo" para financiar al partido era la fundación Fundescam, a través de la cual se desviaban subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del PP. "Dichos pagos a proveedores se desviaban groseramente de los fines" de la fundación, añaden las fiscales.
A esta fundación hacían además donativos personas luego beneficiadas con contratos públicos, como fue el caso del empresario Arturo Fernández, y también se ha detectado una tercera vía por la que empresas recibieron adjudicaciones directas del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a cambio de organizar actos para el PP.
La Fiscalía cree que este desvío de fondos para el partido se hizo a través de una "estructura de decisión cohesionada en el tiempo" y formada por directores de comités de campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno de Madrid, así como el gerente y otros cargos del PP y miembros de mesas de contratación de la Comunidad.
Los partícipes "más activos" de esa red, apunta, fueron Gutiérrez y Granados "por sus responsabilidades coincidentes en el partido, en el gobierno autonómico, en los comités de campaña y en la fundación Fundescam". Este grupo de personas, añade, es el que puso en marcha un plan de diversas vías de financiación irregular del PP para pagar los "excesos" de gasto en las campañas. El informe califica los hechos como delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral, prevaricación y blanqueo y plantea una serie de entradas y registros a empresarios.
