Así lo ha expuesto el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en la vista en la que el pleno de la sala de lo penal del tribunal ha examinado los recursos del exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo; del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y del inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros contra su procesamiento.
Según fuentes fiscales, Zaragoza ha defendido ante los catorce magistrados que han formado la sala -una se ha ausentado por el fallecimiento de un familiar- que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional exigen la existencia de cierta adhesión ideológica y de una intención expresa de favorecer las actividades de la banda para que exista colaboración terrorista.
Descartadas ambas, el fiscal ha dicho que los procesados pudieron actuar por "otras motivaciones", sin referirse expresamente a la conversación intervenida al dueño del bar Faisán de Irún, José María Elosua, en la que éste señaló que el policía que le dio el "chivatazo" el 4 de mayo de 2006, en plena tregua de ETA, le dijo que lo hacía "para no fastidiar todo el proceso" de paz.
Para la Fiscalía, los hechos deben ser calificados como un delito de revelación de secretos, castigado con hasta tres años de prisión y que, al no tener carácter terrorista, debe ser investigado por los Juzgados de Irún (Guipúzcoa), donde se ubica el bar Faisán, y no por la Audiencia Nacional.
En el auto de procesamiento, el juez instructor del caso, Pablo Ruz, introdujo como calificación alternativa la de encubrimiento, pero las fuentes consultadas en la Fiscalía han señalado que, en cualquier caso, ese tampoco es un delito terrorista, sino contra la Administración de Justicia.
Zaragoza también ha destacado la "debilidad" de los indicios que pesan sobre García Hidalgo. Previamente, las defensas de los tres procesados habían sostenido que sus representados no tienen relación con el "chivatazo" y han solicitado el archivo de la causa tras subrayar el perjuicio que una declaración de culpabilidad causaría a los policías.
"Un solo día de condena supone la expulsión del Cuerpo", ha declarado a los periodistas la abogada de Pamiés, María Ponte, antes del inicio de la vista.
También han impugnado la intervención de las comunicaciones entre Elosua y su yerno -al que reveló que había recibido el "chivatazo"- y las practicadas a los procesados.
Además, han presentado un informe estadístico que, según fuentes de la defensa, demuestra que el tráfico de llamadas entre los tres mandos policiales fue más intenso los días 2 y 3 de abril de 2006, un mes antes del "chivatazo", que en las fechas en que éste se produjo.
Por su parte, las acusaciones populares -ejercidas por el PP, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia- han pedido al tribunal que confirme en su integridad el auto de procesamiento y han defendido que no es necesario compartir los fines de una banda terrorista para que haya delito de colaboración.
El pleno comenzará sus deliberaciones a las 9:00 horas de mañana, en principio sobre la ponencia que elabore el magistrado José Ricardo de Prada Solaesa, que en resoluciones anteriores se ha pronunciado a favor de anular el procesamiento por colaboración terrorista y archivar el caso.
El presidente de la sala de lo penal, Javier Gómez Bermúdez, ha fijado también varias horas de los próximos jueves y viernes para continuar los debates si los magistrados, que según fuentes consultadas en el tribunal han llegado a la vista con las posturas muy divididas, no alcanzan pronto un consenso.
