Fiscalía pide admitir a trámite la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado

Fiscalía de Madrid se ha pronunciado sobre la querella que Pedro Sánchez presentó el pasado mes de julio por un presunto delito de prevaricación contra Juan Carlos Peinado y lo hace apoyando que se admita a trámite. Además, considera también oportuno que se pueda ampliar la presentada por la Abogacía del Estado.

El Ministerio Público valora que la querella presentada por el presidente del Gobierno "reúne los requisitos formales" incluidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) "al ser el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por razón de su cargo el perjudicado u ofendido por el delito denunciado y corresponderle a la Abogacía del Estado la asistencia jurídica, el asesoramiento y la representación y defensa en juicio del Estado y de sus organismos autónomos".

La Abogacía General del Estado puso ante el TSJM no solo al juez Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, sino también a su sustituto el juez Carlos Valle, por dos resoluciones: la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito.

Defiende Fiscalía que el juez Peinado no motivó la citación de Sánchez y califica la decisión de ir a Moncloa como "arbitraria o injusta" porque "falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor". Entiende que el juez citó a declarar como testigo a Sánchez sin motivar "jurídicamente" la necesidad de oírle y pide que el TSJM abra diligencias contra Peinado para saber si tomó decisiones con "una finalidad ajena al proceso".

Citando la LECrim recuerda que cuando la diligencia de investigación trata de hechos de los que se tiene conocimiento en razón de su cargo "está exento de acudir al llamamiento pero no de declarar, en cuyo supuesto puede informar por escrito". Añade que el juez Peinado citó artículos de la LECrim "inexistentes".

La fiscal que firma el informe es Almudena Lastra que considera que todo lo anterior "es suficiente para que no se pueda descartar 'a priori' que los hechos descritos revistan naturaleza penal, tal y como aparecen en la querella, y que puedan tener encaje en el tipo penal que se invoca, prevaricación".

Caso Begoña Gómez

Sánchez presentó la querella poco después de acogerse a su derecho a no declarar debido a su condición de cónyuge de la investigada. El caso Begoña Gómez estalló a raíz de informaciones periodísticas que apuntan a una presunta relación entre Begoña Gómez, el supuesto comisionista de la trama y Air Europa. Manos Limpias presentó entonces una denuncia por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios relacionados con una serie de adjudicaciones al empresario Barrabés, profesor de un máster que ella codirigía. El sindicato reconoció que su denuncia se basaba en "recortes de prensa".

Hazte Oír presentó posteriormente otra querella, también por tráfico de influencias, donde pedía investigar si Gómez se prevalió de su relación con el presidente del Gobierno para "establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades" o si ofreció o ejerció su influencia en "la concesión de subvenciones y ayudas públicas".

Ya el pasado mes de abril fiscalía recurrió directamente ante la Audiencia Provincial la decisión del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de abrir diligencias y pidió que se revocara y se archivara el caso, sin embargo el juez optó por el levantamiento del secreto de sumario. En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se indica que no se encuentra que Begoña Gómez tuviera ninguna influencia en el rescate de Air Europa ni en los concursos convocados por 'Red.es'.

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