Rey Emérito
La Fiscalía solicita archivar la querella contra el rey emérito por cinco delitos contra la Hacienda Pública
La querella, presentada por exmagistrados y exfiscales, apuntaba que los delitos fiscales podrían haberse cometido en las declaraciones tributarias entre 2014 y 2018. La Fiscalía señala que la querella no aporta "ni hechos ni fuentes de pruebas distintos" a los que ya se consideraron y archivaron en 2022.
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado archivar la querella presentada por un grupo de exmagistrados y exfiscales contra el rey emérito Juan Carlos I. Los demandantes le acusan de cinco delitos fiscales relacionados con la Hacienda Pública. Sin embargo, la Fiscalía considera que la querella no presenta "ni hechos ni fuentes de pruebas distintos" a los que ya fueron evaluados y archivados en 2022.
Los exmagistrados y exfiscales aseguran que los delitos fiscales en cuestión se habrían producido en las declaraciones tributarias entre 2014 y 2018. Según ellos, la regularización que hizo el rey emérito en relación a estas declaraciones fue ilegal.
Por su parte, la Fiscalía ya había investigado los hechos que fundamentan la querella, y en su momento, decidió archivarlos. La razón fue que el rey emérito regularizó su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de que se supiera que existía una investigación en su contra por fraude fiscal. Los querellantes consideran que esta regularización no cumplió con los requisitos legales necesarios para exonerar al monarca.
La postura de la Fiscalía
En su informe, la Fiscalía recuerda que ya abrió diligencias en 2020 sobre los mismos hechos, primero el 18 de junio y luego el 5 de noviembre. Tras una investigación exhaustiva, el caso fue archivado el 2 de marzo de 2022. Según el Ministerio Público, la querella actual no presenta "ni hechos ni fuentes de prueba distintos" a los ya evaluados, lo que justifica su solicitud de inadmitir y archivar la causa.
La respuesta de los querellantes
Los querellantes aseguran que la Fiscalía había informado al rey emérito de la apertura de la investigación por posibles infracciones tributarias, y que los delitos no han prescrito. Según la querella, el rey emérito pagó más de cinco millones de euros mediante 12 préstamos de personas físicas y jurídicas para regularizar su situación. Los demandantes argumentan que no es posible realizar esta regularización después de haber sido informado de la existencia de una investigación formal por parte de la Fiscalía.
El archivo de las diligencias previas
En relación con las diligencias previas abiertas en 2020, la Fiscalía recuerda que en el decreto de archivo de marzo de 2022 se indicó que no existían elementos suficientes para ejercitar acción penal contra Juan Carlos I. Las razones para este archivo incluyen la insuficiencia de pruebas incriminatorias, la prescripción de los delitos, la inviolabilidad del jefe del Estado y la regularización fiscal. Además, la Fiscalía destaca que, gracias a la actuación en este caso, se recuperaron 5.095.148 euros para las arcas públicas, una cantidad que corresponde a las cuotas tributarias adeudadas por el rey emérito, incluidos los recargos e intereses de demora.
Las investigaciones sobre el "JRM 2004 Trust"
En cuanto a las investigaciones sobre el "JRM 2004 Trust", la Fiscalía afirma que no existe ningún indicio que vincule a Juan Carlos I con este fondo entre 2004 y 2021, ni en su gestión ni en la capacidad de disponer de los fondos. Además, asegura que el rey emérito nunca fue beneficiario del trust ni recibió dinero de sus cuentas.
A partir del 19 de junio de 2014, "fecha en la que se hizo efectiva la abdicación del Rey Don Juan Carlos I y quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad que para el Rey de España establece el artículo 56.3 de la Constitución española, las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna".
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