El 17 de enero de 1996 ETA entierra en vida durante 532 días a José Antonio Ortega Lara. Han pasado 21 años.
La Policía y la Guardia Civil tenían indicios claros de que la desaparición de Ortega Lara no había sido voluntaria, más de 100 agentes rastrearon la zona donde apareció su coche
Francisco Gil fue el hombre que entró en el zulo para liberar a Ortega Lara, el primero que habló con él tras meses de secuestro. Era cabo primero de la Guardia Civil en la Unidad Especial de Intervención. La noche del 1 de julio de 1997, se dirigieron a una de las naves del polígono industrial de Mondragón. "Si nosotros no llegamos a encontrar el zulo, a ciencia cierta Ortega Lara hubiese muerto allí", asegura.
"Sobre las cuatro y algo de la madrugada, decidimos hacer la operación y asaltar el local", cuenta. Antes habían detenido a los cuatro vigilantes de la nave, que dijeron que se dedicaban a la reparación de maquinaria pesada, pero la Guardia Civil estaba convencida de que en esa nave ocultaban a alguien.
El juez Garzón estuvo presente y uno de los detenidos, José María Borinaga, también, aunque no quiso colaborar. "La actitud era muy serena, él pensaba que no se iba a encontrar nada. Si nosotros abandonábamos aquello, mataban a esa persona", reconoce el ex guardia civil.
Entre 15 agentes consiguieron mover a pulso la máquina más pesada de la nave, de casi 3.000 kilos, debajo de ella se encontraba el zulo. "Entro yo primero y en ese pequeño habitáculo vimos que había una puerta con dos cerrojos grandes. Abro los dos cerrojos y me encuentro a Ortega Lara", cuenta Francisco Gil.
"Él pensó que íbamos a matarlo, fue lo primero que me dijo"
"Él se asustó muchísimo en ese momento, no sabía si éramos terroristas o guardias civiles. Él pensó que íbamos a matarlo, fue lo primero que me dijo: 'Mátame, no tengo miedo a morirme'", relata. Detalla además que tenía la mirada perdida y que el habitáculo en el que lo encontraron "era muy pequeño, como si fuese un ataúd".
Una tumba cavada en la tierra bajo una capa de hormigón de 30 centímetros, una mazmorra estrecha y húmeda. "Para él fue una tortura, era morir en vida", asegura el guardia civil.
"Él no quería salir. Le dije 'sal nos vamos, hay gente fuera'". Tras varios intentos consiguió que Ortega Lara abandonara el zulo y sólo se convención de que había sido rescatado cuando vio al juez Garzón.
El 1 de julio de 1997 se pudo confirmar que ha sido liberado, había perdido 23 kilos.
José Antonio Ortega Lara dio un rueda de prensa dos meses después de su liberación, el 13 de septiembre de 1997: "Gracias a cuantos habéis vivido y acompañado el secuestro". Ortega Lara fue el único funcionario de prisiones secuestrado por ETA, que exigía el reagrupamiento de los 503 presos etarras a cambio de su libertad. "No sabía lo que pedían exactamente, pero estaba claro que no era dinero", contaba él mismo.
Tardó 10 años en poder expresar que la dureza de su secuestro le hizo pensar en el suicidio. "Por ahorcamiento, había preparado unas cuerdas trenzándolas con bolsas de basura y ya tenía todo el mecanismo de cómo tenía que hacerlo. Lo había ensayado con un pequeño mecanismo de seguridad", contó.
En sus 84 secuestros ETA obtuvo 40 millones de euros.
Cosme Delclaux, hijo de un empresario vasco también fue secuestrado por ETA. Tras 232 días de cautiverio, fue liberado tras el pago de un rescate tan solo unas horas antes que Ortega Lara. La infraestructura de ETA permitía dos secuestros a la vez y en diferentes sitios.
La familia del empresario reconoció el pago de seis millones de euros por su liberación. En sus 84 secuestros ETA obtuvo en total 40 millones de euros. Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional desde 1980 hasta 2010, asegura que "ETA con los secuestros tenía una fuente de financiación muy importante".
ETA asesinó a 12 de sus rehenes, entre los que hubo ingenieros, abogados, políticos, militares.
El comando que secuestró a Ortega Lara, formado por Xabier Ugarte, José Miguel Gaztelu, Jesús María Bolinaga y José Luis Erostegui, se sentó en el banquillo de los acusados en junio de 1998. Los cuatro reconocieron la culpabilidad y detallaron que los motivos de su secuestro eran que "era un funcionario de prisiones y además era del Partido Popular".
Fueron condenados a 32 años de prisión cada uno.
