Prisión para el presidente de la Diputación de León y dos empresarios de la Operación Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión incondicional sin fianza para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y para el considerado "conseguidor" de contratos públicos de la trama Púnica, Alejandro De Pedro Llorca, han informado fuentes jurídicas.

Velasco también ha decretado prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta, administrador de Waiter Music, para el que la fiscal anticorrupción Carmen García había pedido, igual que para los otros dos, prisión incondicional.

De este modo, van a prisión los tres primeros detenidos en declarar hoy ante el juez, que a lo largo de esta jornada tiene previsto interrogar a los últimos 17 arrestados que quedaban por ser puestos a disposición judicial, entre los que se encuentran los presuntos cabecillas de la trama, el exconsejero y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio, David Marjaliza.

También declarará hoy el exconsejero madrileño y esxecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que ha llegado a las 09:00 a la Audiencia Nacional desde dependencias de la Guardia Civil.

El primer furgón de la Guardia Civil, con cinco detenidos, ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim a las nueve de la mañana, han informado fuentes jurídicas. Tras el traslado de los detenidos a los calabozos del tribunal serán puestos uno a uno a disposición del juez para su interrogatorio. 

Además de a Granados y a su socio en la trama de corrupción, David Marjaliza, Velasco tomará este jueves declaración al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a cinco empresarios. 

Dos de ellos, Didier Maurice y Constantino Álvarez, de la multinacional francesa Cofely, que recibió numerosas adjudicaciones irregulares, así como otros tres de empresas de Marjaliza (Eduardo de la Peña, José Luis Huerta y Antonio Serrano). 

Estos cinco, que son los trasladados en el primer furgón que ha llegado a la Audiencia Nacional, tenían que haber comparecido ayer, pero finalmente sus declaraciones se pospusieron a hoy después de que Velasco decretara para ellos la detención judicial, puesto que hasta entonces se trataba de un arresto policial. 

Velasco envió a prisión, eludible bajo fianzas de 60.000 euros a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile (PSOE), así como al jefe de gabinete de este último, Antonio Borrego, y de 25.000 para el testaferro de Marjaliza, Antonio Cándido Ruiz. 

En este procedimiento, con 51 imputados, fueron detenidas 35 personas, de las que 12 comparecieron ayer ante el juez, otras 17 lo hacen hoy y seis quedaron en libertad por parte de la Guardia Civil. 

El juez afirma en el auto que dictó ayer que los detenidos formaban parte de una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios", contratos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros.