Los funcionarios catalanes han trasladado a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) su preocupación por el anuncio del presidente catalán, Carles Puigdemont, de celebrar el referéndum el 1 de octubre y le han pedido un protocolo de protección ante órdenes de dudosa legalidad.
El sindicato ha explicado que el funcionariado catalán se encuentra "expectante" y ha decidido tomar una "posición activa" para defenderse. Por ello, la central sindical ha decidido enviar, de manera inminente, a todos los departamentos de la Generalitat y a los colegios donde se pretende organizar el referéndum un protocolo para "proteger" a los funcionarios contra órdenes ilegales.
En concreto, la CSIF ha recibido solicitudes de información de los departamentos de Justicia, Prisiones, Educación, la Agencia Tributaria y de la propia Generalitat. Por ello y teniendo en cuenta la "incertidumbre" generada, la CSIF extenderá la campaña informativa a la Administración General del Estado presente en Cataluña.
Asimismo y de manera específica, se intensificará la labor informativa en los centros educativos donde la Generalitat tiene previsto organizar la consulta, pensando especialmente en los responsables de la dirección de los centros o los conserjes encargados de abrir las puertas de las instalaciones para el referéndum.
El sindicato ha trasladado un mensaje de "seguridad y firmeza"
En un comunicado, CSIF recuerda que el pasado mes de mayo mantuvo reuniones con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, donde se abordó la preocupación por los efectos que este proceso puede tener en los funcionarios catalanes y se acordó velar por su seguridad jurídica.
El sindicato ha trasladado un mensaje de "seguridad y firmeza" a los empleados públicos ya que, si deciden incumplir órdenes de su superiores, no incurrirán en ninguna responsabilidad cuando sean contrarias al ordenamiento constitucional. Por tanto, CSIF ha asegurado que "no caben amenazas ni presiones por parte de las autoridades de la Generalitat".
En el protocolo se recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes.
