En una conferencia pronunciada en el Centro Universitario Villanueva y a preguntas de los alumnos de periodismo, Ruiz-Gallardón ha respondido de este modo a la advertencia lanzada el pasado martes por las asociaciones de jueces y fiscales que, conformadas en comisión interasociativa, que han anunciado huelga a partir del 5 de febrero si no obtienen una "respuesta satisfactoria" del Ministerio de Justicia a sus demandas en relación con el Anteproyecto.
"No daré marcha atrás y sacaremos adelante las reformas -anunció-. Hay que modificar el Consejo General del Poder Judicial porque creo que como ha venido funcionando en los últimos años no ha respondido a lo que quiso el legislador. Y creo que ha introducido unos elementos de politización en un primer momento a través de los partidos políticos y después a través de las asociaciones judiciales que lo ha hecho no representativo de la realidad de la carrera judicial".
Según una nota difundida por la Universidad, el titular de Justicia ha mostrado también su satisfacción porque el Consejo General del Poder Judicial haya avalado en su informe sobre la última reforma penal la prisión permanente revisable no sea contraria al principio constitucional de reinserción social.
El ministro ha afirmado durante su intervención que el rechazo mostrado por este organismo respecto a una posible tacha de constitucionalidad relacionada con el artículo 25.1 de la Constitución, por la no existencia de la prisión permanente en el Catálogo de Penas, se refiere solo a una "cuestión de redacción" que "no supone ningún problema".
"La prisión permanente revisable es dura pero necesaria, porque la Justicia no puede ser impotente en casos en los que va a ser puesto en la calle un asesino que va a volver a matar o un violador que no está curado", ha añadido.
Juicios paralelosEn su conferencia en el Centro Villanueva, Gallardón alertó también de los perjuicios que pueden causar los juicios paralelos, especialmente en los momentos en los que se hace una "revelación que siempre es parcial y anticipada de datos del sumario". En su opinión, "el secreto de sumario es más que nada ficción".
Por este motivo, el ministro defendió su propuesta de nuevo Código Procesal Penal de acortar el secreto sumarial, salvo en situaciones excepcionales.
"El sistema de justicia se puede ver deslegitimado si después de un juicio paralelo la sentencia no da la razón a la opinión pública. Y puede ser aún peor: que se produzca una variación de la percepción de la realidad por la presión externa que condicione y distorsione la decisión de los jueces", ha concluido.
Según el informe de los expertos a los que se encargó la redacción de este Anteproyecto, al que tuvo acceso Europa Press, fija un plazo máximo de doce meses para mantener secreta la investigación y recoge que el tribunal podrá acordar,"previa ponderación de los intereses en conflicto", el cese de la difusión cuando un medio la divulgue, siempre y cuando pudiera comprometer "gravemente" el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados.
