El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto desarrollar una ley de mediación y de jurisdicción voluntaria que permita que muchos de los asuntos que actualmente deben ser tramitados por vía judicial, como es el caso de los matrimonios civiles o los divorcios de mutuo acuerdo, puedan ser tramitados ante notario.
"De la misma forma que los alcaldes pueden autorizar matrimonios, ¿por qué la única alternativa es llevarlo ante los funcionaros al Registro Civil?"
"Aquí tramitamos por vía judicial muchos asuntos que tendríamos que resolver de forma distinta. Esa va ser una de las primeras medias que vamos a hacer a través de una ley de mediación y una ley de jurisdicción voluntaria", ha confirmado en una entrevista radiofónica.
En este sentido, ha explicado que no tiene sentido que, por ejemplo, dos personas que se quieren divorciar "de mutuo acuerdo", que sólo necesitan "una constatación de ese acuerdo para luego ser ejecutado", no puedan "formalizar" directamente su divorcio "ante un notario y que se tenga que iniciar un expediente judicial".
"Lo mismo le digo con relación al matrimonio. De la misma forma que los alcaldes pueden autorizar matrimonios, ¿por qué la única alternativa es llevarlo ante los funcionaros al Registro Civil y no podemos permitir que un notario autorice un matrimonio o divorcios?", se ha preguntado.
De esta forma, Ruiz-Gallardón ha explicado que la reforma permitirá que "muchos asuntos que en estos momentos están atascados" se resuelvan más rápidamente, siempre "con plena garantía para los ciudadanos, ante otros organismos". "España es un país que tiene un grado de religiosidad muy superior a la media europea", ha criticado.
"Hay un enorme campo que en estos momentos está atrasando los Tribunales que podemos llevar a una mediación, a una jurisdicción voluntaria", ha señalado, pare defender que España puede estar "orgullosa" de su sistema notarial porque ofrece "seguridad jurídica". "Lo que tenemos que hacer es encargarles a esas personas muchas tareas que en este momento están colapsando los tribunales", ha apuntado.
Nueva ley del aborto para "ampliar la protección del concebido"
Asimismo, Alberto Ruiz-Gallardón ha dicho que la nueva ley del aborto no llevará a ninguna mujer a la cárcel, sino que corregirá los defectos de la anterior y garantizará siempre los derechos del concebido.
Gallardón ha subrayado que no hay ninguna mujer en la cárcel por abortar ni con la ley vigente, ni con la ley anterior, ni se va a producir esta situación con ninguna ley que apruebe el actual Gobierno.
La reforma del aborto "no solo no es un retroceso, sino un avance muy positivo"
El titular de Justicia ha abogado por encontrar una redacción de la ley del aborto acorde con lo que dijo el Tribunal Constitucional, que conjugue la protección del concebido con unos supuestos, que el legislador tiene que precisar, donde la interrupción del embarazo no sea en modo alguno calificada como un delito, no sea objeto de reproche penal.
Gallardón ha precisado que ese equilibrio se rompió con la última ley del aborto, que estableció un criterio estrictamente temporal, de modo que por debajo de determinados días o semanas de concepción no existía ninguna posibilidad de protección, ningún derecho del concebido.
"Una ley estricta de plazos que diga que durante determinadas semanas el concebido carece completamente de cualquier protección es contraria a lo que se ha manifestado desde el Tribunal Constitucional", ha explicado el ministro.
Ha señalado que, en ningún momento, se va a volver a la legislación anterior y ha estimado que la experiencia que se ha adquirido mientras han estado vigentes la anterior ley y la actual tiene que llevar a redactar una nueva norma que supere las deficiencias de una y de otra.
Ruiz-Gallardón ha garantizado que el Gobierno estudiará "con mucho detenimiento" la ley del aborto y remitirá al Congreso un proyecto, que irá acompañado de otras muchas medidas para la protección de la mujer, de la maternidad y la protección del concebido.
La reforma que plantea el Gobierno, según el ministro, "no solo no es un retroceso, sino un avance muy positivo, que no va a restringir los derechos de la mujer, sino ampliar la protección del concebido".
