El Gobierno no aclara si la cesión a Cataluña de las competencias de inmigración incluirá el control de fronteras

La jornada política del 10 de enero terminó con la aprobación de dos de los tres decretos propuestos por el Gobierno, pese a que Junts hizo sufrir todo el día a los socialistas hasta que, a última hora, decidió abstenerse en todas las votaciones a cambio de una lista de "cesiones".

Entre esas cesiones, el PSOE se ha comprometido a eliminar un artículo que, según los de Puigdemont, afectaba a la aplicación de la ley de amnistía. También publicará las balanzas fiscales del Estado y conseguirá que Cataluña se convierta en la primera comunidad autónoma a la que el Estado entrega el control de la inmigración.

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha explicado este jueves que la delegación de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña se desarrollará a través de una ley orgánica, pero no ha especificado si incluirá el control de las fronteras o la expulsión de extranjeros en situación irregular.

"El acuerdo estrictamente que hemos adoptado es aprobar una ley orgánica por la cual se delegarán las competencias. Iremos al parlamento y se verán cuáles son las competencias exactas, pero hay que esperar a que tengamos esa ley y ver el detalle", ha explicado Bolaños.

Hace solo dos semanas, el ministro Bolaños aseguraba que este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil era un compromiso obligado con Bruselas para recibir los fondos europeos. El pasado miércoles, ese artículo fue retirado, pero Bolaños considera que la retirada no cambia nada.

Las cesiones a Junts

Esta es la lista de las 8 cesiones que el Gobierno hará a Junts a cambio de su abstención:

• Cesión a la Generalitat de las competencias de inmigración
• Derogar el artículo del decreto 'ómnibus' que, según Junts, podría haber afectado a la ley de amnistía
• La publicación "inmediata" de los datos oficiales de los balances fiscales del Estado
• IVA del aceite de oliva al 0 %
• Multiplicar por cinco el presupuesto previsto de la digitalización de la Justicia (de 1,2 millones hasta los 6,2)
• El Gobierno asume el coste de las bonificaciones al transporte
• Reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local
• Reformar la ley de sociedades de capital

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