El Gobierno acuerda este sábado las medidas para aplicar el artículo 155 de la Constitución para frenar a los independentistas catalanes

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, preside este sábado la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que acordará medidas concretas en aplicación del artículo 155 de la Constitución ante las actuaciones de los independentistas catalanes abanderadas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Rajoy y sus ministros se encuentran en el Palacio de la Moncloa para plantear esas medidas que deberán ser aprobadas la próxima semana, en concreto el viernes 27 de octubre, por el pleno del Senado.

El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del 155 de la Constitución por la desobediencia de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España. Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

Rajoy no ha querido desvelar ninguna de las iniciativas que prevé poner en práctica y ni siquiera ha confirmado este viernes si había ya un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos para que hubiera elecciones autonómicas en Cataluña en enero. Pero desde esos partidos se apuntó ese acuerdo y se llegó a concretar que la fecha elegida para esos comicios es el 28 de enero. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, consideró "prematuro hablar de la fecha" de los comicios, pero el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró que él mismo pactó con Rajoy el pasado miércoles, en la reunión que mantuvieron en Moncloa, el día concreto en el que los catalanes irían a las urnas.

A la espera de que se desvelen las medidas concretas, Rajoy justificó este viernes la necesidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución al haberse llegado a una "situación límite" en Cataluña que obliga al Ejecutivo a actuar. Aseguró asimismo que el objetivo fundamental de esas medidas, con un límite temporal que dijo que no está determinado, es volver al cumplimiento de la ley y a la normalidad institucional tras haber llegado a una situación en la que se "golpea la ley" y se "liquida el Estado de derecho".

Previsiblemente, será el propio Rajoy quien comparecerá este sábado en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros para detallar las propuestas que enviará para su aprobación a la Cámara Alta, cuya Mesa se reunirá hoy mismo para tramitarlas y fijar los pasos siguientes. Hasta entonces, Méndez de Vigo dijo que Puigdemont tiene "otra oportunidad" para rectificar y evitar la aplicación de esas decisiones. Será la primera vez desde que la Constitución está en vigor que se aprueben medidas en aplicación del artículo 155, que permite al Gobierno central asumir competencias de las comunidades autónomas que no cumplan la ley.

Mientras el Gobierno planteará este sábado sus propuestas, la Junta de Portavoces del Parlament fijará el próximo lunes la fecha del pleno en el que Junts pel Sí (JxSí) y la CUP prevén votar la declaración unilateral de independencia (DUI). Fuentes soberanistas apuntaron que ese pleno podría coincidir con el que el Senado prevé celebrar el 27 de octubre para aprobar las medidas derivadas de la aplicación del artículo 155 del texto constitucional.

Los motivos para la aplicación del 155

El Gobierno ha preparado un documento de once páginas en los que justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por la necesidad de restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.

Esos son los cuatro "grandes objetivos" que amparan, según el Ejecutivo, la aplicación de este procedimiento que se plantea "de forma garantista", persiguiendo en todo caso "asegurar derechos y no restringir libertades".

En este documento, el Gobierno también acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia del año 2014 dice que el artículo 155 "opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente de una determinada comunidad autónoma, que no ha adoptado, primero por propia iniciativa y luego a instancias del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido".

En otra sentencia de 1981, que cita este texto, el alto tribunal califica el artículo 155 como uno de los preceptos constitucionales "consecuencia del principio de unidad y de supremacía del interés de la nación".

En otra parte del documento del Ejecutivo se explica "que las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña", habiéndose provocado "una progresiva fractura y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico".

En este sentido, cita el traslado de domicilios sociales de importantes empresas catalanas, el daño a la actividad turística y, en el ámbito industrial, una disminución en el número de pedidos de automóviles, mientras que en el comercio interior se observa una bajada de las ventas en grandes superficies.