La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado en la rueda de prensa posterior a Consejo de Ministros que el Ejecutivo quiere abrir un debate sobre la reducción del número de aforados y las condiciones del aforamiento, si bien ha advertido de la complejidad que conllevará, cuando llegue el caso, esta reforma.
Sáenz de Santamaría ha recordado que fue el propio presidente, Mariano Rajoy, quien consideró necesario abrir esta cuestión al diálogo entre las fuerzas políticas dentro de las medidas de regeneración democrática que se busca consensuar. Ha advertido, eso sí, de que esta cuestión no sólo afecta a instituciones de carácter nacional, sino también autonómico, reguladas por los estatutos de autonomía, lo que conllevaría reformarlos al igual que las normas estatales.
Ante la posibilidad de que cambiar el sistema de aforamientos requiera una reforma de la Constitución y preguntada sobre si el Ejecutivo estaría dispuesta a ampliarla a otros asuntos, la vicepresidenta ha insistido en que un cambio en la Carta Magna debe partir de un acuerdo amplio de las fuerzas políticas que no se da en otras cuestiones, como la de la organización territorial del Estado.
El caso de los aforamientos, ha recordado, sí parece contar con la voluntad de la mayor parte de los grupos políticos para limitar, acotar y clarificar esta condición, pero en otras cuestiones las posturas para reformar la Constitución son más "divergentes" que próximas.
Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado en la rueda de prensa que para el Ejecutivo es "bueno" abrir el debate sobre los aforamientos, ha recordado la disposición de la mayoría de las fuerzas políticas a abordarlo y ha señalado que habrá que ver ahora en qué términos se pueden poner de acuerdo. No ha querido entrar al detalle de en qué medida deberían reducirse los aforamientos, como sí lo ha hecho, en una entrevista al diario El País, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien apuesta por dejar el número de aforados en sólo 22, frente a los 17.621 actuales.
La vicepresidenta ha apelado a la "prudencia" y ha insistido en que quiere saber qué opinan el resto de los grupos políticos, así como las instituciones con las que también habría que discutir esta cuestión, tanto estatales como autonómicas. "Siendo conscientes de la complejidad técnica, abramos el debate", ha dicho Sáenz de Santamaría, para quien será cuando se alcance el acuerdo cuando se vea cómo se puede ejecutar.
