El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presidido este viernes en el Complejo de La Moncloa la reunión del Consejo de Ministros, que ha contado con la asistencia de todos los ministros a excepción de los titulares de Interior y Economía, que se encuentran en Roma (Italia) y Vilna (Lituania), respectivamente.
El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que ya ha sido analizadp por el Gobierno en primera lectura y ha pasado el dictamen del Consejo de Estado, pretende lograr un marco regulatorio estable y simplificar cuestiones administrativas. Actualiza la normativa vigente desde 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban a la competitividad de los operadores, como el despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios.
El Ministerio de Industria señaló en su momento que esta normativa supone una reforma estructural "profunda", ya que las modificaciones incorporadas proporcionan mayor facilidad para el despliegue de redes y facilita la extensión de la banda ancha que propiciará un Internet más rápido.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha destacado que la última Ley General de Telecomunicaciones fue redactada en 2003, por lo que era necesario hacer una modificación respecto a dicha Ley puesto que "el mundo de las telecomunicaciones ha cambiado mucho desde entonces".
Asimismo, el Ministro de Industria ha expuesto que el objetivo de este proyecto de Ley es "mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos", ofreciendo unos servicios "de mayor calidad y a unos precios más asequibles". Soria ha recalcado que "el sector de las telecomunicaciones es esencial para la economía". Con esta modificación espera que se produzca un impacto directo en la productividad de la economía y una recuperación de la unidad de mercado.
Para el Gobierno, todo ello impulsará la economía digital y creará nuevos modelos de negocio y crecimiento económico. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad y la reducción de precios y costes, a lo que se añade la mejora de la protección del usuario.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una modificación de la actual Ley de Prohibición de Minas Antipersonal, que data de octubre de 1998, para incluir entre las municiones prohibidas las bombas de racimo, tras haber completado en 2009 la destrucción del arsenal de este tipo de municiones que tenían las Fuerzas Armadas.
De este modo, se persigue incluir los nuevos compromisos adquiridos por España al adoptar la Convención sobre municiones de racimo y el Protocolo V sobre restos explosivos de guerra de la Convención sobre ciertas armas convencionales.
La modificación afectará a "prácticamente" la totalidad de la Ley de 1998 porque "tiene por objetivo actualizar todo su articulado e incorporar en él referencias a las municiones de racimo y los restos explosivos de guerra, de acuerdo con las nuevas obligaciones asumidas por España al adoptar los instrumentos internacionales citados", según el Gobierno.
Las municiones de racimo son municiones convencionales que han sido diseñadas para dispersar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos.
El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue consejero de una de las empresas españolas que fabricaba bombas de racimo, Instalaza, una compañía que, cuando el Gobierno decidió la destrucción del arsenal de las Fuerzas Armadas, le solicitó una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante.
