El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este lunes en Sevilla, con motivo de su reunión con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas un real decreto para prohibir las conocidas como 'narcolanchas', las embarcaciones utilizadas por las redes del narcotráfico para transportar las mercancías en zonas como el Campo de Gibraltar.
Zoido ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior a su reunión, de casi dos horas, con la presidenta de la Junta en el Palacio de San Telmo en Sevilla para abordar entre el Gobierno y la Junta medidas contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, sobre todo, tras los últimos sucesos que se han producido. Ambas administraciones han adquirido un compromiso firme para colaborar y hacer frente a la situación, con medidas concretas.
El ministro ha trasladado a Díaz el compromiso de aprobar ese real decreto en las próximas semanas, así un próximo aumento de efectivos de la Policía Nacional en la zona. Por su parte, la presidenta de la Junta, que ha señalado que cuando una serie de individuos hacen un pulso al Estado, el Estado "tiene que ganar siempre", ha defendido que cuando las administraciones trabajan a una, los ciudadanos siempre ganan.
Según Díaz, la prioridad es restablecer la seguridad y la autoridad en la zona y que gane el estado y si todas las administraciones hacen lo que tienen que hacer, los resultados se van a ver y la gente lo va a notar. Ha indicado que el encuentro de este lunes es el punto de partida para el desarrollo de una serie de reuniones transversales e integrales, que van a tener un calendario programado.
Entre las actuaciones que llevará a cabo la Junta en la zona, Susana Díaz se ha referido a la puesta en marcha de un plan de formación ocupacional y el aumento del personal de intervención social en las zonas más conflictivas, porque lo más urgente es garantizar la seguridad.
En cuanto al real decreto sobre las 'narcolanchas', el ministro ha indicado que este problema no se soluciona "de la noche a la mañana", pero si esas embarcaciones se tratan como un género prohibido, la embarcaciones que sean susceptibles de ser utilizadas con el objetivo del narcotráfico y contrabando van a estar prohibidas.
Tras apuntar que se trata de una medida más que necesaria, Zoido ha explicado que se trata de prohibir una serie de embarcaciones rígidas y semirrígidas que, por ejemplo, no tienen habitáculo y cuentan con motores de gran potencia que no se corresponden con la embarcación en sí. "Allá donde estén se incautarán", según ha indicado el ministro, apuntando que muchas de esas embarcaciones se pueden ver en puertos deportivos.
Para Zoido, es muy importante empezar a combatir el narcotráfico desde las propias herramientas que utilizanesas redes. Zoido ha puesto en valor esta reunión con la Junta, que no ha sido ni "pasar el tiempo o intercambiar impresiones", sino que ha habido mucho de compromiso por parte de ambas administraciones.
El Campo de Gibraltar es de esas zonas que, según el ministro, requiere que se trabaje codo con codo, unidos, sin fisuras y cada uno asumiendo lo que le corresponde dentro de sus competencias y ayudando para que la otra parte pueda cumplir con las obligaciones asumidas.
Ha recalcado que las administraciones tienen que aportar soluciones a un fenómeno muy complejo y transversal como es el narcotráfico y sus consecuencias en la zona. Garantizar la seguridad y recuperar la normalidad deben ser la prioridad, según han dejado claro tanto Susana Díaz como Zoido, quien ha defendido que los intereses de los ciudadanos están muy por encima "de lo que podamos pensar nosotros y ejecutar desde cada una de nuestras responsabilidades".
Para el ministro, los ciudadanos de la zona tienen que recuperar la confianza en el estado de derecho y saber que no va a haber un terreno en el que puedan campar los narcotraficantes. En este sentido, el ministro del Interior ha señalado que ha habido ya un refuerzo muy importante de la guardia civil y que próximamente lo va a haber en Policía Nacional.
No ha querido concretar el número de nuevos efectivos porque hay que mantener la "máxima discreción". Como datos, ha expuesto que se han incrementado un 300% las incautaciones de cocaína y un 45% las de hachís en el Campo de Gibraltar en 2017. "Hay que recuperar el principio de autoridad en la zona, que es fundamental", según ha señalado Juan Ignacio Zoido, quien ha puesto en valor el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad para disminuir la actividad dedicada al narcotráfico e incrementar el numero de operaciones contra esas organizaciones delictivas.
Normalidad y seguridad, cuanto antes
Por su parte, Susana Díaz ha señalado que hay que lograr que cuanto antes, la normalidad y seguridad sean la norma que rija la convivencia en el Campo de Gibraltar, donde la inmensa mayoría de la mayoría de la población es gente honrada que realiza su trabajo y que no tiene por qué soportar que una serie de individuos hagan ese pulso al estado y pongan en riesgo la convivencia.
La presidenta ha expuesto que la Junta contará con un equipo de trabajo, coordinado por el director de Política Interior, Demetrio Pérez, que de manera urgente fijará un calendario de actuación y llevará a cabo la revisión de las actividades y compromisos adquiridos por las administraciones central y autonómica.
Ha anunciado un Plan extraordinario de formación ocupacional, con una dotación de 1,5 millones de euros, para aumentar la cualificación de los trabajadores de la zona en grandes industrias e idiomas, que son las materias más demandadas. También se ha referido a un programa de Formación Dual con las grandes industrias, a través de un acuerdo con la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar y a Confederación de Empresarios de Cádiz, que permitirá la formación de alumnos en las necesidades concretas de cada empresa, para su posterior contratación.
La presidenta ha recordado que la Junta invertirá en 2018 más de 56,5 millones en el municipio de La Línea de la Concepción, partida a la que hay que sumar los más de 68 millones que ha costado el nuevo hospital. Se ha referido a los 21,6 millones en políticas sociales; 19 millones en funcionamiento de tres centros de salud; 2,6 millones en infraestructuras educativas; 13 para infraestructuras hidráulicas, y otros 3,5 millones en planes de empleo y centros especiales.
