El responsable económico financiero de los partidos políticos tendrá que comparecer ante el Parlamento para explicar las cuentas, según una de las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros incluidas en el plan de regeneración democrática del Gobierno, que se remite ahora al Congreso.
Se trata de una de las novedades incluidas en el proyecto de la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos, aprobado por el Gobierno junto al de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la administración del Estado, a los que ha dado el visto bueno el Consejo de Ministros.
La comparecencia del tesorero de los partidos políticos se producirá -a propuesta del Tribunal de Cuentas- una vez que esta institución emita el correspondiente informe de fiscalización de la formación política, para que pueda incluir recomendaciones, que a su vez podrá tener en cuenta el responsable económico financiero.
Gallardón amplía la justicia gratuita
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado este viernes su proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en el que amplía este derecho a las asociaciones de víctimas de terrorismo, de consumidores y usuarios y de discapacitados cuando actúen en defensa de sus intereses. Aunque podrán seguir contando con sus abogados de confianza, si así lo desean, tendrán la oportunidad de disfrutar del resto de prestaciones del servicio.
En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, Gallardón ha destacado el "amplio contenido social" y la "fuerza" del texto, que constituye la "otra cara de la moneda de la ley de tasas" al establecer una "vinculación" entre los ingresos generados por este gravamen con la financiación de la Justicia Gratuita.
Entre las novedades más significativas, el proyecto reconoce el derecho a tener justicia gratuita, con independencia de sus recursos económicos, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, así como a los menores o discapacitados que sufran maltrato o abuso o quienes hayan sufrido secuelas de carácter permanente en un accidente.
El proyecto amplía el umbral para acogerse a este derecho a 2,5 veces del IPREM y podrá extenderse a las familias que cobren cinco veces el IPREM (31.950,65) cuando se den determinadas circunstancias familiares o de salud. Además, introduce controles para que no haya abusos en el ejercicio de una prestación que "pagamos todos los españoles".
De esta forma, se establece una "presunción de abuso" cuando la persona solicite "tres veces al año" este derecho en todos los órdenes, salvo en el penal. En ese caso, podrá pedirlo pero acreditando esa necesidad.
Un decreto ley para paliar los efectos de los temporales
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha anunciado además, que el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley con "medidas urgentes" para paliar los efectos de los temporales sufridos en la cornisa cantábrica y en la fachada atlántica en los dos primeros meses de 2014.
En la rueda de prensa posterior ha detallado que el decreto contempla "una serie de medidas que prestan especial atención a la pequeñas empresas y a la recuperación de las infraestructuras con planes económicos y medidas fiscales que se acelerarán para tenerlo todo listo antes de que empiece la temporada turística".
Aprobación de la ley que permitirá operar a Garoña
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y de los residuos radiactivos que permitirá a Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, a solicitar la renovación de su licencia antes del 6 de julio, por lo que se abre la puerta a que la planta pueda volver a operar, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.
El texto incorpora una disposición adicional primera que modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas de 1999, en la que modifica los artículos 5, 12, 20, 28, 36, 37 y agrega una disposición transitoria sexta que se refiere, precisamente, al caso en el que se encuentra la central burgalesa.
Concretamente, dicha disposición transitoria se refiere a las centrales que, una vez se apruebe este Real Decreto hubieran obtenido una declaración de cese definitivo de la explotación por razones distintas a las de seguridad nuclear o protección radiológica, podrán solicitar la renovación de la autorización de explotación, siempre que no hubiera llegado a transcurrir un año desde la obtención de declaración de cese.
De acuerdo con la modificación que el texto plantea del artículo 28 del Reglamento, el titular de una autorización de explotación deberá comunicar "al menos con un año de antelación a la fecha prevista, su intención de cesar la actividad para la que fue concebida la instalación.
