El Gobierno aprueba la venta de test COVID en farmacias sin receta y la Ley de Memoria Democrática, sin Carmen Calvo

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el Real Decreto que permite la venta de pruebas de COVID-19 de autodiagnóstico, es decir, de test de antígenos o de anticuerpos en farmacias sin necesidad de receta. Además, también ha dado luz verde a la nueva Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos estrella de la exvicepresidenta Carmen Calvo que sale adelante sin ella en el Ejecutivo.

Venta de test de antígenos sin receta en farmacias

Con los contagios de COVID-19 disparados en España durante esta quinta ola, el Ejecutivo acerca a la ciudadanía la posibilidad de autodiagnóstico. Estas pruebas se podrán adquirir por un precio que oscila entre los 8 y los 10 euros. Los test contienen un hisopo que se introduce de modo nasal y tras unos 15 ó 30 minutos, ya se obtiene el resultado que si es positivo ha de poner en conocimiento de las autoridades sanitarias que le realizarán una PCR.

"Si el test de antígenos en farmacias diera positivo hay que recurrir al sistema sanitario para computar como contagiado", ha indicado la ministra de Política Territorial y nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que también ha resaltado que con su venta sin receta, se permite a los ciudadanos hacer, "a título personal, un ejercicio de prevención" ante posibles contagios.

El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Memoria Democrática

Respecto a la nueva Ley de Memoria Democrática, esta pretende mejorar y ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero. Han pasado 10 meses desde que septiembre de 2020 el Consejo de Ministros dio su visto bueno, en primera lectura, al anteproyecto de la ley, sometido a dictámenes no vinculantes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también a audiencia pública, un trámite de especial interés para las asociaciones memoralistas y representantes de las víctimas.

"Actualizamos la Ley y damos cumplimiento a los organismos. España tendrá una ley que será homologable a los países de su entorno", ha indicado el nuevo Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Felix Bolaños, a lo que ha añadido que "con esta Ley conseguimos que España tenga un régimen asimilable al resto de los países como Alemania, más digno y más humanitario. Se trata de una Ley necesaria y que nos hace mejor como país".

El entramado jurídico del texto tiene como eje conductor la protección y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El texto prevé dotar al Supremo de un fiscal de Sala para proteger los derechos de las víctimas e impulsar la investigación de los crímenes del franquismo. Se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática y se quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados "lugares de memoria democrática".

También está se retirarán honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto la exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios. Entre las medidas concretas, el texto legislativo obliga al Estado a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura, crea un Banco Nacional de ADN para facilitar las identificaciones de los desaparecidos, prevé la creación de la Fiscalía de Sala para la investigación de los delitos cometidos durante aquellas décadas y contempla la figura del enaltecimiento del franquismo y la prohibición de las entidades que lo ensalcen, como la Fundación Francisco Franco.

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