El Gobierno considera "inadmisible" que miembros del Ejecutivo de la Generalitat encabecen manifestaciones ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en apoyo a los imputados por la consulta del 9 de noviembre del año pasado.
Esta es la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy después de que el TSJC considerara hoy que las manifestaciones de apoyo a los imputados por el 9N son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento que es "aún más inadmisible" cuando es diseñado por representantes público Varios centenares de personas se concentraron hoy ante la sede del TSJC para apoyar a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CDC), y a la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), que han acudido a declarar por el 9N, y que han estado acompañadas también por miembros del gobierno catalán.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha conocido estos hechos en Nueva York, donde ha presidido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y fuentes de su Ejecutivo han criticado la participación en esa manifestación de representantes del Gobierno de Artur Mas. Estas fuentes han llegado a comparar esa actuación con la posible presencia de ministros del Gobierno en una manifestación ante el Tribunal Supremo, una imagen que han dicho que daría la vuelta al mundo en los informativos.
Para el Gobierno, en una democracia hay un poder legislativo, otro ejecutivo y otro judicial y es éste último el que determina si las conductas de las personas se adecúan o no a la ley. En ese sentido, han interpretado que "vulnerar la ley es liquidar la convivencia" y han subrayado que si no se cumpliesen las leyes, la situación se asemejaría a las películas del Oeste. El Gobierno subraya que se ha pretendido presentar la decisión del TSJC de citar a los representantes de la Generalitat, y en concreto la fecha de la citación a Mas, como una jugada del Ejecutivo central y han recalcado que eso no es verdad.
En esa línea, las fuentes han insistido en que el TSJC ha actuado libremente dentro de sus competencias y han recordado que, en virtud de ello, han citado en determinados momentos a representantes de diversos partidos, entre ellos del PSOE y del PP. Por ello, han recalcado que si cuando un juez imputa o condena se organiza una manifestación que no se sabe si es para presionar al juez, se está actuando de una forma que tiene poco que ver con el Estado de Derecho. Una imagen que han precisado que es muy negativa para España y "un mal mensaje".
