El Gobierno ha defendido que uno de los argumentos que le lleva a reformar la Ley del Aborto de 2010 es que "no se sostiene" emitir juicios atribuyendo "hipotéticas y negativas" consecuencias sobre la salud de la mujer, si ésta no decide interrumpir su embarazo no deseado.
Así se recoge en una respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de ICV, Laia Ortiz, en la que preguntaba al Ejecutivo sobre la exclusión de la malformación fetal como causa legal del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
De hecho, el Gobierno justifica que su reforma "no se basa en frías estadísticas" y son "multitud" las normas internacionales y del ordenamiento jurídico español las que amparan y extienden el derecho a la no discriminación a todas las personas.
En este sentido, recalca que la reforma de la actual legislación sobre el aborto, anunciada por el Gobierno, se inspirará y respetará ese principio universal que se configura como uno de los derechos humanos que "merece mayor protección".
Entre estos destaca la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España en abril de 2008, que recomienda al país que reforme la actual normativa y suprima el plazo de 22 semanas para abortar en casos de malformación del feto.
Es más, dice que seguirá las recomendaciones hechas en octubre de 2011, cuando ya estaba en vigor la Ley promovida por el anterior Gobierno, por el Comité de Seguimiento de Naciones Unidas, que ha dado de plazo hasta 2015 para que España subsane las contradicciones entre la legislación española sobre el aborto y dicha Convención.
De hecho, recuerda que el proyecto que presentará este Gobierno, parte de la doctrina del Tribunal Constitucional, definida hasta en tres sentencias de 1985, 1996 y 1999, de que tanto el concebido no nacido como la mujer son titulares de unos derechos, y que el legislador debe prever qué hacer cuando se produce una colisión entre esos derechos.
"Algo que no ocurre actualmente durante esas 14 primeras semanas del embarazo en las que el concebido no nacido está completa y absolutamente desprotegido", sentencia el Ejecutivo.
En resumen, argumenta que, en el ejercicio de su independencia y responsabilidad, va a introducir en el ordenamiento jurídico español las necesarias garantías en aquellos casos que se produzca un conflicto entre el derecho a la vida del concebido y no nacido y otros derechos, de acuerdo con la doctrina expresada por el Tribunal Constitucional.
Respecto a las propuestas de mejora de la educación y la planificación sexual, el Gobierno señala que la atención a la salud sexual y reproductiva es competencia de las comunidades autónomas y en todas ellas se realizan programas de educación sexual.
Aumenta el número de abortos
Finalmente, cita últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2010, año en que hubo más de 113.000 abortos, una tasa de 11,49 por cada 1.000 mujeres, siguiendo una tendencia de crecimiento constante durante la última década. (En 2001 esa tasa se situaba en un 7,66).
Con todo ello, recuerda que la normativa de 2010 fue aprobada en la anterior legislatura socialista "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos".
"A diferencia de la realizada por el anterior Gobierno, es una reforma anunciada y que se tramitará, por ser donde originalmente se abordó en 1985 esta materia, a través de la Comisión de Justicia", ha agregado.
