Amparada en la premisa "nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes" Saénz de Santamaría ha anunciado que el Gobierno impugnará la consulta soberanista aprobada en el Parlament de Cataluña y que ha generado una profunda ruptura entre el PSC y el PSOE.
Precisamente sobre esta línea divisoria marcada entre los socialistas catalanes y el PSOE, la vicepresidenta ha querido destacar que "es importante que al menos entre los partidos de ámbito nacional busquemos la mayor sintonía" aunque ha vuelto a reiterar que desde "esta mesa no hablo de la situación interna de los partidos".
También ha añadido que espera que el gobierno catalán "acepte y respete las reglas del juego" porque ha explicado "ni Artur Mas va contra el diálogo cuando recurre resoluciones del Estado, ni el Gobierno va contra Artur Mas" en este caso en concreto. Además, ha insistido en la "voluntad de diálogo" del Ejecutivo con el lider de CiU.
Tras repetir en dos ocasiones la palabra "recurso" ha querido matizar que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino que se emplea la "tercera vía" que ofrece la Constitución, la de impugnar el acuerdo del Parlament.
La decisión se ha tomado, según ha explicado Soraya Saénz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de entender que este texto que define a Cataluña como un "sujeto político y jurídico soberano", "no sólo no es compatible" con la Constitución sino que "produce efectos", al plantear el inicio de un proceso "para el que mandata a poderes públicos y ciudadanos".
Preguntada sobre las presuntas colaboraciones que la princesa Corinna habría realizado para España, Santamaría no ha querido pronunciarse limitándose a especificar que el actual Gobierno no había contratado sus servicios nunca.
El Consejo de Ministros ha aprobado en esta jornada cuatro nuevas leyes, dos de ellas para remitir al Congreso y las otras dos en proceso de anteproyecto. Se ha dado luz verde a la ley para la acción de servicio exterior del Estado que persigue que las instituciones actúen marcándose los mismos objetivos y también se ha remitido al Congreso el proyecto de reforma de CGPJ, bajo la que se incluye la figura novedosa de un interventor que controlará el gasto. El ejecutivo además ha aprobado la suscripción de las acciones de la participación de España en la ampliación de capital del Banco Europeo de Inversiones por la que aportará 970 millones de euros, que desembolsará en los próximos tres años.
