Pegasus
El Gobierno denuncia la intervención de los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles con Pegasus
El espionaje de los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles con Pegasus se habrían hecho entre mayo y junio de 2021 en un ataque externo.
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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado en una rueda de prensa de última hora que el programa Pegasus ha infectado los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Así lo indican dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional.
Bolaños señala que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia estos dos informes técnicos en los que se detallan los hechos tras conocer la información este fin de semana. El Gobierno anunció una rueda de prensa urgente para informar sobre del espionaje de estos dos móviles que ocurrió en 2021.
El ministro destaca que se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente del Gobierno el pasado mes de mayo de 2021. La primera intrusión fue de 2,6 gigas de datos y la segunda de 130 megas de datos. Además, se ha registrado otra intervención en el móvil de la ministra de Defensa el pasado mes de junio de 2021. En este caso, la intrusión ha sido de 9 megas de datos.
Al presidente del Gobierno se le retiró su teléfono móvil hace días, según explica Bolaños. Se tuvo constancia de las escuchas en los últimos días, pero no fueron confirmados hasta el pasado domingo.
Desde entonces, señala Bolaños, no han habido intrusiones en estos dos teléfonos móviles, pero no descarta que hayan habido más en otros teléfonos móviles del Gobierno. "El proceso de verificación aún no ha terminado con el conjunto del Gobierno. Estamos en ello", ha señalado.
Ataque externo con Pegasus
Los escuchas a estos dos teléfonos habría sido mediante un ataque externo. "Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo. Todas las intervenciones se producen por organismos estatales y con autorización judicial", ha explicado. Los técnicos han constatado que es complicado descubrir dónde ha terminado la información a la que Pegasus ha accedido y hasta dónde ha llegado.
Bolaños no ha querido hacer "conjeturas" de los motivos que estaban detrás del espionaje en el móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. El Gobierno ha puesto los datos en manos de la Justicia y ha presentado este lunes una denuncia en la Audiencia Nacional. Para que se conozca toda la verdad, el Gobierno ha puesto a disposición judicial la información y la completará a medida se conozcan más datos.
En los últimos días, el presidente Pere Aragonès, ha endurecido sus discursos hasta pedir que se asuman responsabilidades, tras denunciar que él es uno de los afectados por el espionaje. Anunció una querella al tiempo que avisa al Gobierno de que "la estabilidad parlamentaria es muy difícil si no se asumen responsabilidades".
La denuncia llega a la Audiencia Nacional
La denuncia por el supuesto espionaje ha llegado a la Audiencia Nacional, que la enviará a reparto al tratarse de unos hechos de 2021. El José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y en funciones de guardia, ha acordado remitir la denuncia al Juzgado Decano para proceder a su reparto por turno.
El juzgado de guardia es el que asume la competencia durante ese periodo de la guardia. En este caso, como los hechos tuvieron lugar entre mayo y junio de 2021, procede enviar la denuncia a reparto, según indican las normas.
¿Cómo funciona el sistema de espionaje Pegasus?
Pegasus es un programa israelí de espionaje que tiene el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que solo se vende a Gobiernos. Su uso en España ha provocado una crisis política e institucional, aunque no es un programa ilegal siempre que venga autorizado por la orden de un juez.
Su funcionamiento es sencillo. El CNI envía un mensaje al teléfono que se quiere espiar. Si el receptor pincha el enlace, los espías tienen desde ese momento acceso a todo el teléfono; desde llamadas hasta el micrófono o a los correos electrónicos.
Estas acciones deben ser autorizadas por un juez del Tribunal Supremo asignado al CNI.
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