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SERÁ REMITIDA AL JUEZ JOSÉ DE LA MATA

El Gobierno desclasifica más documentos sobre la 'operación Kitchen'

Esta documentación presuntamente acreditaría que el excomisario Villarejo utilizó fondos reservados para robar documentación sensible del PP guardada por el extesorero Luis Bárcenas. Esta docuemntación está relacionada con el pago de fondos reservados durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

El Gobierno ha desclasificado y remitido a la Audiencia Nacional documentación sobre seguimientos realizados en la denominada operación Kitchen, un caso que considera "absolutamente grave" ante el supuesto uso "ilícito" de medios públicos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la desclasificación de nuevos documentos encontrados desde que el pasado mes de diciembre el Ejecutivo levantara el secreto sobre otra serie de notas relacionadas con este caso de presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas ordenado desde Interior en 2013.

La documentación se ha enviado a los dos magistrados interesados en este caso: El juez Manuel García Castellón, que lo investiga en una pieza del caso Tándem sobre los posibles delitos cometidos por el excomisario José Villarejo; y el juez José de la Mata, que indaga sobre la presunta caja B del PP a raíz de los "papeles de Bárcenas", los mismos presuntamente querían robarse en ese operativo.

El ministro no ha querido pronunciarse sobre nombres propios (se le ha preguntado en concreto por el del exministro Jorge Fernández Díaz), pero sí ha destacado que el Ejecutivo solo desclasifica documentos a petición de un juez y en casos que considera "absolutamente graves". Y en este se trata de posibles delitos de corrupción y de la supuesta utilización de fondos y medios públicos con fines "ilícitos", porque supuestamente el operativo lo montaron policías y los pagos al chófer de Bárcenas por la información se hicieron con fondos reservdos.

El responsable de Interior ha aprovechado para reconocer el trabajo de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que investigan el caso y responden únicamente a los únicos que pueden darles órdenes al respecto: los jueces y los fiscales anticorrupción.

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