Moncloa manda un nuevo requerimiento a Castilla y León por el plan antiaborto de Vox

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno no va a permitir "que se retroceda ni un milímetro" en cuanto a los derechos de las mujeres, por lo que se prepara para impulsar "cuantas iniciativas sean necesarias" para impedir la "tropelía" de las medidas antiabortistas anunciadas por la Junta de Castilla y León.

Entre tanto, se ha aprobado un requerimiento de incompetencia dirigido al Gobierno de la Junta, como paso previo a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Aún así, la ministra ha dejado claro que las medidas anunciadas por Castilla y León son desconocidas y ha calificado de "contradictorias" e "insuficientes" las explicaciones que ha ofrecido el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y el presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco.

Este requerimiento de incompetencia dirigido al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco influirá en cualquier actuación, incluidas las constitutivas de vía de hecho que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

"No estamos con un chascarrillo, ¿eh? Estamos con todo un Gobierno que salió a lanzar un mensaje a la opinión pública que afectaba a la mitad de la población de Castilla y León y a todos sus profesionales sanitarios", ha añadido Rodríguez.

Otro paso para llevarlo al TC

Tal y como ha aclarado el ministro de la Presidencia el requerimiento anunciado este martes es diferente al del pasado domingo. "Son dos vías distintas, una jurisdiccional y esta es ante el Constitucional", ha detallado. El Gobierno de Castilla y León tiene un plazo de un mes para contestar.

Esta semana arrancaba con el estreno del nuevo protocolo para mujeres embarazadas dirigido a reducir las interrupciones voluntarias en la comunidad. Los 3 puntos polémicos que ofrecerá el sistema sanitario de la comunidad serían: derivación a salud mental de las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo.

Al primer requerimiento del equipo de Sánchez la Junta alegó en un comunicado que tiene "plena autonomía" para implementarlo e instó al Gobierno a abstenerse de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".

La gran incógnita era si sería "obligatorio e imperativo" ofrecer estas prestaciones a las mujeres que expresen su voluntad de abortar, para los profesionales sanitarios como aseguró el vicepresidente de la Junta, de Vox, o como posteriormente rectificó y corrigió Mañueco: "No se obligará a los médicos nada" y que "no se obligará a las embarazadas nada". "Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición".

Sin embargo, no conforme con estas declaraciones los de Sánchez han enviado un nuevo requerimiento de incompetencia ya que a juicio de Isabel Rodríguez y tras escuchar al presidente autonómico lo "único que ha quedado claro" es que proponen "medidas distintas" de Vox, sin atender al escrito oficial del Gobierno de España.

"Da la sensación de querer ganar tiempo para poder buscar una fórmula que le permita sortear la ley al tiempo que contente a sus socios, esa dicotomía no es posible, o se está con la ley o con los planteamientos de Vox, que son contrarios al ordenamiento español".

Víctor de Aldama declara que entregó 400.000 euros a José Luis Ábalos, 250.000 a Koldo García y 15.000 a Santos Cerdán