El Gobierno ha lamentado este martes el "obstruccionismo" que está practicando el "entorno" de Francisco Franco para evitar la exhumación del dictador presentando numerosas demandas judiciales, y ha admitido que estos procedimientos pueden "retrasar" la fase final del traslado de los restos.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.
Tras conocer este auto, el Gobierno ha recalcado que el expediente de exhumación de Franco sigue su curso "con absoluta normalidad, cumpliendo la ley y observando los plazos y resto de garantías procedimentales". Ha admitido no obstante que las numerosas demandas judiciales que piden la suspensión -tiene contabilizadas doce-, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar la fase final de la ejecución del acuerdo de exhumación.
Fuentes del Ejecutivo han explicado que la Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la posibilidad de acumular todos estos procedimientos judiciales en uno solo. En el Gobierno consideran que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo -como el que ha dictado el auto- "no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo".
Además critican desde Moncloa que el auto declara la suspensión cautelarísima de las actuaciones urbanísticas "sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento", al que da ahora tres días para que presente alegaciones. "Estamos en presencia de un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático, que fue la exhumación del dictador de una tumba de Estado como es la Basílica del Valle de los Caídos", lamentan desde el Gobierno.
Hasta la fecha le constan al Ejecutivo doce demandas judiciales. Según subraya, en siete de ellas se han rechazado ya las medidas cautelarísimas, y el caso conocido hoy es el único en el que el juzgado admite unas cautelares urgentes sin escuchar a la otra parte.
En el Gobierno están "convencidos" de que cuando el juzgado escuche al Ayuntamiento y sus argumentaciones dictará una resolución tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo del asunto.
Moncloa considera en cualquier caso que tantas demandas individuales con la misma fundamentación jurídica solo buscan una cosa, obligar a que sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto para aumentar las probabilidades de que alguno -como ha ocurrido en este caso- dé la razón a la parte demandante.
