La familia Franco lo tiene claro: si el dictador sale del Valle de los Caídos, no irá al panteón del Pardo. Se niegan a aceptar la propuesta que, según aseguran, les ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez de manera informal, a través de un intermediario: cederles la titularidad del sepulcro con vigilancia 24 horas.
Aunque allí está enterrada la mujer de Franco, es, consideran, un lugar solitario y apartado. Pero no solo lo rechazan porque no les guste el lugar sino porque creen que el Gobierno está invadiendo la esfera personal. De hecho, en el decreto ley aprobado en agosto, se especifica que son los familiares quienes deben decidir sobre el destino de los restos mortales y, solo en caso de discrepancia entre ellos, será el Consejo de Ministros quien tenga la última palabra.
Desde el gobierno tratan de zanjar el tema: niegan cualquier propuesta a los Franco. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que el Gobierno "no puede hacer cosas ilegales como "ceder bienes públicos a nadie" y ha subrayado que la intención del Gobierno es que el dictador Francisco Franco sea trasladado a un lugar de "decoro y respeto, pero con discreción".
Ha insistido en que la finalidad de exhumar al dictador es "para que esté en un lugar de decoro y respeto con discreción" y ha señalado que, en esa dirección, continúa el procedimiento para sacar sus restos del Valle de los Caídos. En este sentido, ha apelado a la "dignidad" democrática que Naciones Unidas, así como expertos y el Congreso de los Diputados, han propugnado.
