Renovación del CGPJ
El Gobierno y el PP, en la "parte final" para renovar el Poder Judicial
La portavoz del PSOE ha adelantado la información sobre una renovación que está en su recta final, aunque en la "más compleja".
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La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una de las mayores crisis institucionales que afronta España, y más tras las advertencias de Bruselas y la dimisión de Carlos Lesmes como presidente ante el bloqueo. Sin embargo, la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo y PP están en la "parte final" de la renovación, en la parte "más compleja".
Alegría lo ha confirmado durante una rueda de prensa en la sede socialista de la calle Ferraz. No ha querido entrar a valorar la propuesta de Unidas Podemos que de Victoria Rosell forme parte del órgano de gobierno de los jueces del CGPJ. Tampoco si este planteamiento de la formación morada puede dificultar el acuerdo. "Lo importante del CPGJ es que la renovación se haga efectiva, ya hemos superado los 4 años", ha remarcado la portavoz socialista.
Se ha limitado a decir: "Les adelanto que estamos en la parte final de la negociación y por tanto, la más compleja". Deja claro la ministra de Educación que la "prudencia y discreción" rodean todo lo relacionado con la renovación del Poder Judicial. "Son indispensables para hacer efectivo lo indispensable que es la renovación del CPGJ y recuperar la normalidad en el poder judicial", indicaba en Ferraz.
Alegría no revela más detalles
"No va a salir de mi boca ninguna cuestión que dificulte la renovación", ha declarado ante la insistencia de los periodistas. Por su parte, Unidas Podemos ha exigido este lunes como "cuestión previa" para que haya un acuerdo en la renovación que el Partido Popular no pueda imponer condiciones sobre las candidaturas progresistas. También insta a no vetar a la magistrada y delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.
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El expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, cumplió sus promesas y dimitió de sus cargos. No quería convertirse en "cómplice de una situación" que "aborrece" y que es "inaceptable". Tomó la decisión por "respeto y dignidad a las instituciones" que presidía. Denunció que el bloqueo "compromete el prestigio" de la Justicia española.
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