El Gobierno pide al Consejo de la UE, que preside España, oficializar el catalán, euskera y gallego

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido al Consejo de la Unión Europea (UE) que el catalán, euskera y gallego sean consideradas como lenguas oficiales en el régimen lingüístico en el territorio comunitario mediante la modificación del Reglamento. Albares hace la petición a un organismo que preside España. Además, coincide con el acuerdo de Junts per Cat y ERC con el PSOE para apoyar a Francina Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Uno de los puntos del acuerdo entre los nacionalistas y el Partido Socialista es el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea. Asimismo, ERC y PSOE han acordado en el pacto una ley orgánica "para que el catalán sea lengua plenamente oficial en todas las instituciones del Estado".

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones lo ha expresado en una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de la UE, cargo que ocupa nuestro país. Ha enviado también una copia a la secretaria general del Consejo, Thérèse Blanchet, según Europa Press. Pide incluir "las lenguas españolas distintas del castellano que gozan de estatuto oficial en España" en el régimen lingüístico.

"Se agradecería el inicio de los procedimientos de modificación previstos en el Consejo", escribe Albares en la nota. Pide incluir el asunto en la orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales (CAG) del 19 de septiembre. La Unión Europea dispone de 24 leguas oficiales. En 2013 se incorporó la última idioma, el croata.

Si la UE incluye al catalán, euskera y gallego, tiene que reformar los tratados, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores en septiembre de 2021. Replicó a la diputada de ERC Marta Rosique que esa reforma no se planteaba.

Los otros puntos del acuerdo con los partidos nacionalistas catalanes

Uno de los puntos del acuerdo entre los socialistas e independentistas es crear una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Tiene como objeto aclarar "los interrogantes" que todavía no se han resuelto. Quieren "llegar hasta el final". Se pide esclarecer "la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán Es-Saty" y si "los aparatos del Estado tenían información sobre el atentado".

También se buscará avanzar por todos los caminos posibles para lo que llaman "desjudicializar" el "conflicto político" derivado del referéndum ilegal de octubre de 2017. Además, se pone sobre la mesa una comisión de investigación sobre elcaso Pegasus.

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