La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el pasado viernes que el Ejecutivo ha pedido al TC que anule la creación de la citada comisión en el Parlamento de Cataluña, con el argumento de que infringe la reciente sentencia del tribunal de garantías que anuló la declaración independentista que Junts pel Sí y la CUP aprobaron el 9 de noviembre.
En el escrito, cumpliendo esa orden del Ejecutivo, el abogado del Estado concreta los términos en los que plantea el llamado incidente de ejecución previsto en la reciente reforma del TC y señala que la comisión es "un acto frontal de desacato y de manifiesto incumplimiento".
Así lo expresa en un escrito registrado este lunes, en el cual pide al TC que "requiera a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la citada comisión" que deben abstenerse de esa iniciativa e "impedir" cualquier otra que ignore la sentencia del Constitucional.
Además, el TC deberá apercibirles "de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". El escrito se refiere a la creación de la citada comisión, además, como "un subterfugio o excusa artificiosa para continuar avanzando en el denominado proceso constituyente", por más que intente "ocultar, mediante la atribución del carácter de comisión de estudio", su verdadera naturaleza.
Fuentes del Constitucional han explicado que el citado escrito del abogado del Estado no ha tenido aún entrada en el registro del alto tribunal, cosa que posiblemente se produzca mañana o poco más tarde. A partir de entonces se desatará el incidente de ejecución previsto en la reciente reforma de la Ley Orgánica del TC.
El procedimiento, que comenzará dando traslado a las partes implicadas, no debería durar más allá de unas semanas, según las fuentes del TC. El incidente de ejecución previsto por la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece "un régimen específico para los supuestos de incumplimiento de las resoluciones del TC".
"En estos casos, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplirlas y, una vez se reciba el informe o venza el plazo que se hubiera dado, podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria", dice la norma citada.
La reforma prevé que en este incidente el TC señale expresamente quién está obligado a cumplir sus resoluciones y, en este sentido, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, será protagonista. La ley señala, además, que todas estas previsiones se pondrán en marcha "sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan".
"En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído", pedirá explicaciones a la persona afectada y, en función de las mismas, adoptará las medidas previstas. De este modo, la advertencia del tribunal de garantías a los implicados de que podrían estar cometiendo un delito de desobediencia está expresamente prevista en la reforma.
