Isabel Celaá, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros

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TIENEN PREVISTO RECURRIR AL CONSTITUCIONAL

El Gobierno pide un informe urgente al Consejo de Estado sobre la resolución contra el Rey en el Parlament: "Es políticamente inaceptable"

Isabel Celaá ha descalificado la moción aprobada por el Parlamento catalán porque la figura del Rey no debe ser "cuestionada en los debates políticos" y queda además al margen, entiende el Gobierno, "de las funciones atribuidas a un parlamento autonómico". "Nos parece políticamente inaceptable", ha recalcado.

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Consejo de Estado que emita un dictamen con carácter de urgencia sobre la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlamento de Cataluña contra el Rey, como paso previo a una posible impugnación de este texto ante el Tribunal Constitucional.

El órgano asesor tendrá hasta el próximo jueves día 25 de octubre para aprobar el dictamen y enviarlo al Ejecutivo, que podrá decidir el recurso en el Consejo de Ministros siguiente. Se trata de un informe preceptivo, que el Ejecutivo tiene que recavar antes de impugnar o recurrir ante el TC, pero que no es vinculante.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha descalificado la moción aprobada por el Parlamento catalán porque la figura del Rey no debe ser "cuestionada en los debates políticos" y queda además al margen, entiende el Gobierno, "de las funciones atribuidas a un parlamento autonómico". "Nos parece políticamente inaceptable", ha recalcado.

El Ejecutivo ya avanzó a las pocas horas de que se aprobara la resolución en el Parlament de que emprendería "todas las medidas legales a su alcance" en defensa de la legalidad tras la resolución aprobada en el Parlamento catalán que reivindica los valores republicanos y apuesta por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía". La iniciativa también rechaza y condena "el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán", ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

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