El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de 40 medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción y que espera consensuar con los grupos. Además, ha aprobado los proyectos de ley de reforma del Código Penal y del sector eléctrico, y otros como el de la reforma de las Administraciones Públicas y medidas contra la piratería.
El informe para la regeneración democrática, redactado por la comisión de expertos creada al efecto, incluye unas cuarenta iniciativas contra la corrupción que conllevan la modificación de diez leyes y responde al anuncio realizado por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en el último debate sobre el estado de la nación, como ha recordado la vicepresidenta, Soyara Sáenz de Santamaría. "Con estas medidas se da espuesta a una demanda social importante", ha subrayado.
La vicepresidenta, que ha enfatizado que este plan contra la corrupción "no es la primera medida que este Gobierno ha planteado en esta materia", ha dividido el plan entres partes. En primer lugar a descrito el refuerzo del control financiero. Entre las medidas en este apartado, ha destacado una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que dotará de más medios al Tribunal de Cuentas para desarrollar su labor y regulará la gestión de los tesoreros de los partidos.
Además, se prestará especial atención a las donaciones y subvenciones, se establecerán directrices de contratación en esta formaciones y se realizará mayor control sobre las fundaciones vinculadas a los partidos.
En segundo lugar, Sáenz de Santamaría se ha referido a ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas, que creará un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluirá un control de sus declaraciones patrimoniales. En este punto, ha subrayado que el objetivo es buscar la mayor "transparencia".
"Hasta la fecha, toda esta normativa se encontraba dispersa", ha explicado la vicepresidenta, alertando de esto llevaba "muchas veces" a los ciudadanos a pensar que estos cargos tienen "una serie de derechos que no son tales". Entre las medidas más llamativas destaca la prohibición del uso de las tarjetas de crédito con cargo a los ministerios para pagar los gastos de representación y evitar así "ningún género de duda" sobre el uso de estos fondos.
Además, se ampliará el número de altos cargos cuya actividad estará sometida a un "control reforzado", y cualquier movimiento "llamativo" en las cuentas corrientes que controlen estas personas con responsabilidad pública será comunicado para que "no quede ningún género de duda". "Es bueno para el conocimiento y tranquilidad de los ciudadanos", ha dicho Saénz de Samtamaría, que ha ha destacado que en general "los cargos públicos desarrollan sus funciones volcados en el servicio público".
El paquete anticorrupción se completa con las medidas penales y procesales, que enlazan con la reforma del Código Penal también aprobada en el Consejo de Ministros de este viernes. Aunque no se tipifica la financiación ilegal de los partidos, sí se delimitan de forma más clara tipos como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación. Por ejemplo, sanciona la aceptación de un soborno sin necesidad de vincularlo al acto realizado después por el funcionario y castiga esconder bienes durante un embargo u ocultar a los acreedores la situación de crisis del deudor.
Sáenz de Santamaría ha descrito que se creará un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos. Además, habrá medidas para agilizar los procedimientos y que no se eternicen, a lo que ayudará que se podrán separar responsabilidades civiles y penales. Además, se facilita la persecución del corrupto y la recuperación de los bienes procedentes de sus actividades delictivas.
"La reforma del Cógico Penal nos incorpora a las democracias más avanzadas"
El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha sido el encargado de explicar la reforma del Código Penal. "Se trata de una auténtica transformación, incorporándonos al lenguaje penal de las democracias más avanzadas del mundo", ha dicho el ministro, que ha calificado la reforma de "absolutamente necesaria".
La principal novedad es la nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad como los asesinatos terroristas, el homicidio del jefe del Estado o de su heredero y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. También incluye los casos de asesinato especialmente graves, con víctimas menores, con personas vulnerables o que estén relacionados con una agresión sexual.
"El mero cumplimiento del tiempo es condición necesaria pero no suficiente para conseguir la libertad, que se consigue cuando se constata que no existen riesgos para el resto de personas", ha explicado Ruiz Gallardón.
Con la reforma del Código Penal, también se incrementa la persecución contra los delitos de corrupción y se agravan las penas de los incendios forestales y la piratería, entre otros. "Lo más importante del núevo Código es la flexibilidad", ha valorado el ministro.
