Desde el Ejecutivo recuerdan que el Estado de Derecho ofrece instrumentos suficientes para frenar el avance del independentismo que han pactado CiU y ERC y subrayan que la obligación de cualquier gobierno es cumplir con la ley.
La propia vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya ha advertido públicamente que el pacto de CiU y ERC genera "inestabilidad" y que hay "muchos mecanismos" para frenar una consulta de autodeterminación que es "ilegal".
Esta misma mañana, y tras publicarse en todos los medios las posibles vías jurídicas que puede emplear el Ejecutivo para plantar cara a Artur Mas, los republicanos han acusado al Gobierno de "amenazar" a la Generalitat y han advertido de que "si quiere conflicto, lo tendrá".
Tras el cruce de reproches en el Pleno del Congreso, la vicepresidenta del Gobierno fue preguntada por la posibilidad de intervenir la Comunidad Autónoma de Cataluña mediante el artículo 155 de la Carta Magna y dijo desconocer de dónde salen esas informaciones.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha recordado que la Constitución "posibilita la existencia de las propias comunidades autónomas" y ha confiado en que todos los servidores públicos "incluidos por supuesto quienes lo hacen desde responsabilidades de Gobierno de una comunidad autónoma cumplan siempre la ley", en alusión a la posible consulta catalana.
Preguntado directamente por si el Ejecutivo está estudiando ya la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, Gallardón ha afirmado que el Gobierno "ni desea ni espera" que haya un incumplimiento de la ley por parte de ningún alto cargo.
