El Gobierno quiere nombrar al nuevo fiscal general del Estado "cuanto antes", pero el proceso se hará "sin precipitaciones" porque no existe ningún vacío en la Fiscalía, con lo que el Ejecutivo confía en que el relevo esté completado antes de fin de año.
Fuentes del Ejecutivo han recordado que la designación del máximo responsable de la Fiscalía tras el fallecimiento de José Manuel Maza es competencia y responsabilidad del Gobierno, si bien han admitido que "siempre" es positivo que la persona elegida cuente con el respaldo de los principales partidos de la oposición.
"No hay ningún vacío, no hay ningún problema en ese sentido", han precisado las fuentes, que han recordado que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, se hará cargo del ministerio público hasta que termine el proceso de sustitución.
En especial, existen "todas las garantías" de que el fallecimiento de Maza no afectará a la posición de la Fiscalía sobre el proceso independentista de Cataluña. De momento, se espera que en las próximas horas se conozca si el Ministerio Público apoya o rechaza que el Tribunal Supremo investigue todas las causas abiertas por rebelión y sedición, incluidas las que afectan a los ex miembros del Govern y que ahora son competencia de la Audiencia Nacional.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido hoy que la actual es una situación que "no es deseable", pero ha dejado claro que la Fiscalía "como institución, con todos los profesionales a su servicio y con sus reglas de funcionamiento, atenderá todas las actuaciones que tengan que llevarse a cabo durante los próximos días".
El relevo, ha dicho el ministro, "tiene unos tiempos y lo que estamos estos días es poner en marcha el procedimiento, pero no hay un calendario exacto".
La ley determina que el fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Rey a propuesta del Ejecutivo tras acuerdo en Consejo de Ministros, pero deber contar con el aval del Consejo General del Poder Judicial y ser oído después en la Comisión de Justicia del Congreso.
Un proceso que, aunque se acometa con celeridad, no tardará en ningún caso menos de dos o tres semanas. Todo ello después de que el Ejecutivo elija a la persona que considere más adecuada para el cargo entre los juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
En el caso de Maza, el Gobierno apostó por un magistrado del Tribunal Supremo bien valorado en la carrera y cuya gestión, sin embargo, recibió muchas críticas por los cambios que introdujo en las principales fiscalías, hasta el punto que por primera vez un fiscal general fue reprobado en el Congreso.
Ahora, el Gobierno admite que sería bueno que la persona elegida tuviera el visto bueno de los principales partidos de la oposición, pero tiene que claro que la responsabilidad es del Gobierno y que los grupos tienen la posibilidad de expresar su parecer durante el examen parlamentario.
