El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la reforma del reglamento aprobada por el Parlamento catalán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido una rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros para hacer balance del curso político.

En primer lugar, Mariano Rajoy, ha querido transmitir su pesar por el accidente ocurrido en un tren de cercanías de Barcelona y ha asegurado que se ha puesto en contacto con el Gobierno de Cataluña para ponerse a su plena disposición y para asegurar que "nuestra colaboración será leal y plena" con el objetivo de recuperar la normalidad.

En su comparecencia, el presidente del Gobierno ha explicado que tras escuchar el informe favorable del Consejo de Estado, al que recurrió después de que el parlamento Catalán aprobara la ley de desconexión, el Gobierno va a presentar un recurso de institucionalidad porque la "única intención" del Govern es "aprobar un trámite de urgencia y sin las garantías democráticas, las leyes con las que se pretende liquidar la soberanía nacional, la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía".

Según el informe, Rajoy ha explicado que "se puede estar vulnerando el derecho de participación política de la minoría parlamentaria en las condiciones de igualdad que garantiza el ordenamiento jurídico" y asegura que con este recurso, el Gobierno "cumple su obligación de velar por la legalidad y defiende las instituciones autonómicas y a sus funcionarios que no pueden ser utilizados al servicio de una actuación" ilegal.

El nuevo reglamento del Parlament quedará suspendido con el recurso ante el TC

La reforma del reglamento del Parlament quedará suspendida provisionalmente con la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte del presidente del Gobierno. Según ha informado el Ejecutivo, el recurso, presentado este mismo viernes, invoca expresamente el artículo 161.2 de la Constitución con el fin de que se suspenda lo impugnado. Ese artículo dice que cuando el Gobierno impugne disposiciones o resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas, la impugnación producirá la suspensión de lo recurrido, pero el TC deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

La reforma del reglamento del Parlament impugnada permite que el grupo parlamentario promotor de cualquier proposición de ley pueda pedir que se tramite por el procedimiento de lectura única, que supone suprimir las comparecencias, ponencia y comisión, así como la limitación del derecho de presentar enmiendas.

En la redacción original del artículo 135 del reglamento del Parlament solo las proposiciones de ley firmadas por todos los grupos podían ser aprobadas por lectura única pero --con lo que se garantizaba el derecho de participación de todos-- ahora se ha eliminado el requisito de la unanimidad y no se prevé la presentación de enmiendas. Eso, explica el Ejecutivo, "supone una quiebra del derecho de participación política" porque se impide a la minoría presentar enmiendas.

Por lo tanto, el Gobierno entiende que la nueva redacción del reglamento vulnera el artículo 23.2 de la Constitución, así como el artículo 29 del Estatut. Ambos regulan el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes al impedir el trámite de enmiendas. La vulneración del artículo 23.2 de la Constitución fue esgrimida también en el informe preceptivo del Consejo de Estado, aprobado este jueves, que encontró "fundamentos jurídicos" para recurrir la reforma. Rajoy pidió el dictamen del órgano consultivo el miércoles, el mismo día en que los diputados de JxSí y la CUP aprobaron la reforma del reglamento.