El 'bunkering' es una práctica habitual en gran parte del litoral español, sobre todo en la bahía de Algeciras, y era impune hasta ahora. El Gobierno ha introducido una serie de modificaciones en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para tipificar como infracción las actividades de riesgo medioambiental en los espacios protegidos, como el 'bunkering' o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos.
El repostaje se hace mediante el fondeo permanente de buques-tanque o gasolineras flotantes, las cuales a través de una manguera llenan de gasolina al barco que se acerca en medio del mar, proceso que según Ecologistas en Acción es contaminante, pues aseguran, se produce un pequeño pero continuo vertido al mar.
Por ello el Gobierno será más contundente con este tipo de repostaje. Hasta ahora para que hubiera sanción, se tenía que producir un percance, un vertido que acabara en el mar. El cambio de hoy es que aquellos que generen riesgo medioambiental, incluso por el simple fondeo, podrán ser sancionados.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo de esta iniciativa es el de "colmar una laguna legal" en las zonas de especial conservación, donde se prohibían determinadas prácticas pero no había una tipificación sancionadora.
En este sentido, ha recordado que a partir de esta reforma, habrá un instrumento jurídico por el que se sancionarán estas prácticas como "graves" o "muy graves" con multas irán desde los 100.000 euros hasta los 2 millones en los casos con daños más importantes.
Asimismo, ha matizado que esta propuesta afecta a "todas las zonas" de especial conservación en España, y no únicamente al área del Estrecho, de manera que "no se discrimine positiva o negativamente" ningún espacio en concreto.
El Gobierno ha asegurado que con la nueva ley se mejoran los procedimientos de evaluación ambiental "al evitar dilaciones de difícil justificación" desde el punto de vista ambiental. Las previsiones del Ejecutivo contemplan la creación de unos 80.000 empleos y un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros aproximadamente.
Arias Cañete prevé que las primeras sanciones a gasolineras flotantes que operen en zonas de especial conservación a principios de 2014.
