Corrupción y Cataluña han sido las dos palabras clave en el Consejo de Ministros de este viernes en el que sólo ha comparecido ante los medios la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Tras el conocimiento del último escándalo de corrupción que ha afectado al PP, la trama Púnica, el Gobierno ha acelerado una serie de medidas anticorrupción, algo que Santamaría ha recordado se lleva "haciendo a lo largo de toda la legislatura".
Entre estas medidas hoy se ha aprobado el estatuto para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que actuará "con plena independencia y autonomía" y estará en funcionamiento antes del 10 de diciembre. El nuevo organismo será nombrado, por un plazo de cinco años no prorrogable, "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional y previa comparecencia en el Congreso".
El nombramiento deberá ser aprobado por mayoría absoluta por el Congreso, a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Sáenz de Santamaría ha destacado que el Consejo tiene un papel "esencial" a la hora de garantizar que se cumplen la Ley de Transparencia, que entrará en vigor en diciembre y que no tiene precedentes en la historia de España.
El estatuto aprobado hoy regula los fines, la estructura y funciones del Consejo, entre cuyos miembros habrá un diputado, un senador, un miembro de la Agencia Española de Protección de Datos y otro del Defensor del Pueblo.
La vicepresidenta no ha querido contestar a las preguntas que cuestionaban la responsabilidad tanto de Esperanza Aguirre como de Mariano Rajoy y se ha limitado a decir que no va a "entar en responsabilidades políticas de los partidos".
Preguntada por qué el Gobierno ha rechazado un pleno monográfico sobre corrupción, ha explicado que "por desgracia, la coorrupción afecta a todas las fuerzas políticas porque no es un problema de partidos, es de personas" así que ella entiende que entonces todos los grupos políticos tendrían que explicarse.
Sobre Cataluña, Santamaría ha avanzado que se ha acordado plantear la impugnación del proceso de participación del próximo 9-N y ha reiterado que el Gobierno va a velar por el cumplimiento de la ley, por la integridad de la democracia y por los derechos de los ciudadanos.
Además ha asegurado que el Ejecutivo no se ha planteado "cortar el grifo" a los ciudadanos de Cataluña porque "No vamos a perjudicar a los ciudadanos de Cataluña porque la Generalitat no cumpla con sus obligaciones constitucionales" y ha añadido: "Un proceso en el que quien lo dirige no asume ninguna responsabilidad y traslada la responsabilidad, en un plano personal, a los funcionarios les está perjudicando en sus derechos y en su tranquilidad".
Santamaría ha asegurado que pretenden "evitar un fraude a los ciudadanos y un fraude de ley".
