El Gobierno retrasa la tramitación de la senda de déficit al no ver viables las exigencias de Junts

El Gobierno tenía previsto votar la senda de déficit este jueves en el Congreso de los Diputados, pero debido a la falta de apoyos y de que fracasara su intento de conseguir el voto de Junts, ha decidido retrasar la tramitación de la senda de estabilidad presupuestaria.

Desde Moncloa ven "algo de margen" para modificar la senda de déficit pero consideran que es inviable conceder a las comunidades autónomas un tercio del objetivo de déficit, tal y como exige Junts a cambio de su apoyo. La propuesta que ha puesto Junts encima de la mesa es "imposible", pero el Gobierno se muestra dispuesto a hablar. "No vamos a ponerle un tiempo", añaden.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho reconocido que no se pone plazo en la negociación de la senda de déficit con Junts. "No tenemos en este momento que tener ningún tipo de prisa si llegamos a un acuerdo", ha dicho Montero, al tiempo que ha asegurado que negocian con todos los grupos políticos que apoyan al Gobierno y ha pedido "prudencia y discreción" en dichas conversaciones.

Ha dicho que "no se va a resignar" a que los ayuntamientos y comunidades autónomas "por el simple capricho del Partido Popular de intentar boicotear al Gobierno haga que no tengan más capacidad de gasto por un importe necesario para la sanidad y la educación". "Desgraciadamente, los territorios se quedarán sin 12.000 millones de euros", ha dicho la vicepresidenta primera por esa "política de tierra quemada" del PP, que, según ha dicho, está votando en contra de una senda de estabilidad que beneficia a las regiones y en contra de lo que manifestaron sus presidentes y consejeros autonómicos.

La votación, por tanto, no se producirá este jueves, ante la nueva falta de apoyos parlamentarios. El Ejecutivo de Pedro Sánchez explica que el motivo de la decisión de retrasar la votación es el de ganar tiempo para negociar con la formación del 'expresident' Carles Puigdemont y alcanzar un pacto beneficioso para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Sin fecha aún para la votación, será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año. El Gobierno presentó los Presupuestos de 2024 dos veces, pero una de ellas no se tramitó por el adelanto electoral de Cataluña y se prorrogaron automáticamente los de 2023.

El objetivo del nuevo déficit

Entre los objetivos que destaca el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la decisión de retrasar la votación es porque quieren dar más tiempo a la negociación y al diálogo.

El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, asegura que están dispuestos a que la "irresponsabilidad del PP" con su rechazo perjudique a las autonomías, que perderían 12.000 millones de euros si no se aprueban los nuevos objetivos de déficit. Y recuerda que esta senda fue avalada por las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y flexibiliza los objetivos de déficit para las CCAA y los Ayuntamientos en 2025 y 2026.

El mayor esfuerzo de reducción del déficit lo asumiría la Administración Central, que en 2025 tiene que situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. En cambio, el déficit de las comunidades autónomas en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario.

En cuanto al Producto Interior Bruto (PIB), se establece que la deuda pública de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, y casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. En 2027 estará en el 99,7%.

Para las CC.AA, el objetivo de deuda pública fijado es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Y la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.

El 'techo de gasto' se fija en casi 2.000 millones

El límite de gasto financiero o 'techo de gasto', que no es sometido a votación, se ha fijado en un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos europeos. Aquí está incluida la transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,25 en los tres próximos ejercicios.

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