El Gobierno vuelve a aprobar el anteproyecto de Ley de Trata que dará papeles a las víctimas sin necesidad de denuncia

El Gobierno ha aprobado este viernes la Ley Orgánica Integral contra la Trata que quedó pendiente la pasada legislatura.

El punto clave de esta norma es que las mujeres que sea víctimas y se encuentren en situación irregular no serán expulsadas del país. Además, podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo y tendrán ayudas sin necesidad de denuncia.

En rueda de prensa tras el consejo extraordinario convocado con motivo del 8M, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado los ejes de esta norma. Según redondo busca un "abordaje integral" de todos los tipos de trata, desde la laboral y la sexual, a la que tiene como objetivo los matrimonios forzosos o el comercio de órganos, de acuerdo a diferentes convenios y compromisos internacionales.

Por ello, ha recalcado que "ley que no es punitivista" y que "está centrada en la prevención, sensibilización y protección de las víctimas" para apoyar y "dar cobertura a las supervivientes, "especialmente" las que están en situación irregular.

Según han explicado, la ley garantiza que no se expulsará del país a víctimas que se encuentren "en situación de trata" y se les ofrece "toda una batería de ayudas y derechos" sin necesidad de denuncia: acceso al ingreso mínimo vital, consideración de colectivo prioritario para optar a una vivienda pública, asistencia letrada e indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y grupos de trato.

Principales novedades

Una de las principales novedades es la creación del Mecanismo Nacional de Derivación (MND), como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata.

Según han explicado, desde el momento de la detección, las presuntas víctimas tienen derecho a recibir información y asesoramiento, a ser derivadas de forma inmediata a los servicios especializados de asistencia y protección, y derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo, garantizándose estos últimos desde el momento de la detección, a lo largo de todo el proceso de identificación y durante el tiempo que fuera necesario tras la identificación definitiva.

Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad desde el momento de la detección y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

El Ejecutivo también destacó en su momento que el reconocimiento y la efectividad de estos derechos no se vincula a la interposición de denuncia ni participación de las víctimas en la investigación penal, sin perjuicio de que por parte de los poderes públicos se incentive que la víctima colabore para una persecución eficaz del delito a través de los mecanismos necesarios.

Se trata de una aprobación en primera lectura, por lo que el texto tiene que pasar por los órganos consultivos y, además, en la rueda de prensa posterior al Consejo, Redondo ha manifestado su intención de contar con la opinión de todas las organizaciones del sector.

Además, en paralelo, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de "un grupo de trabajo" entre asociaciones que llevan tiempo trabajando con las víctimas de trata para que "puedan incorporarse a este debate" y auxiliar al Gobierno a "concretar mejor y ser más eficaces" en las medidas que necesitan.

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