Cataluña
El Govern aprueba un decreto-ley del catalán en el colegio, pero sin porcentajes
El Govern aprueba la medida un día antes de que finalice el plazo fijado por el TSJC para aplicar el 25% de castellano.
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El Govern de la Generalitat de Cataluña ha aprobado este lunes un decreto-ley para aplicar el catalán en la escuela, en el que se rechazan los porcentajes. En el documento se fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en los colegios como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.
Si sale adelante -los partidos políticos de PSC-Units, ERC, Junts y En Comú ya pactaron una proposición de ley, se aprobará en el Consejo Extraordinario hoy, un día antes de que finalice el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para aplicar la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado esta medida tras la reunión en Consejo Extraordinario que ha tenido lugar para aprobar este decreto.
El decreto ley explicitará el rechazo a los porcentajes propuestos y dará a la Conselleria de Educación la responsabilidad de validar y asumir "la responsabilidad sobre la legalidad"los proyectos lingüísticos de los centros para proteger a las escuelas.
El decreto también atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir "la responsabilidad sobre la legalidad" de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.
La sentencia ordenaba el 25% de castellano
A principios de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenaba a la Generalitat a cumplir de "inmediato" la sentencia para implantar el 25% de castellano en los centros educativos, y daba un plazo máximo de 15 días, para que todos los alumnos "reciban de manera efectiva e inmediata" la educación mediante la utilización vehicular "normal" de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que "no pueden ser inferiores al 25 % en uno y otro caso".
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El TSJC argumentaba que la Generalitat no estaba cumpliendo con la sentencia dictada a finales de 2020, por lo que requiere su ejecución "forzosa".
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