La consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha afirmado hoy que la Generalitat no ejecutará los nuevos autos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir las clases también en castellano si un alumno lo pide.
En una rueda de prensa, Rigau ha dicho que "no es viable aplicar estas medidas porque, por un caso en particular, no se tienen en cuenta los derechos de los otros padres", por lo que se mantendrá el modelo de inmersión lingüística catalán.
Rigau ha explicado que las medidas de los nuevos autos del TSJC son cautelares y forman parte de un proceso judicial aún abierto, en el que la Generalitat ha recurrido al Tribunal Supremo dichas decisiones judiciales.
"No contemplamos ejecutar la resolución en los términos en los que está planteada porque confiamos que el recurso nos será favorable, la historia nos permite pensar esto", ha afirmado Rigau.
La consellera ha recordado que anteriores resoluciones del Tribunal Supremo han avalado el modelo de inmersión lingüística y que ahora se plantea "un pretendido cambio que no es posible porque choca con la ley de educación de Cataluña" (LEC).
Según Rigau, este curso son diecisiete los alumnos que han pedido educación en castellano, a los que se les proporciona una atención individualizada, pero "es imposible que se cambie la lengua de todo el grupo".
En este sentido, la consellera ha recordado que el proyecto lingüístico está fijado por el Consejo Escolar de cada centro, que se rige por la LEC, y que, por respeto al conjunto de los padres, no se puede modificar por una petición individual, así que "cambiar la lengua del aula supondría cambiar el sistema".
