El exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, ha interpuesto una querella por un delito contra la salud pública contra el que fuera su socio David Marjaliza por su supuesta vinculación con el narcotráfico, según las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil durante la 'operación Púnica'. Asimismo, ha presentado otra contra seis agentes del Instituto Armado por haber omitido y no investigado al considerado 'conseguidor' de la trama corrupta por la posible comisión de este delito.
La defensa del exmandatario 'popular' explica en sendas denuncias, que a raíz de la investigación abierta contra Granados y otras personas por el 'caso Púnica', entre ellas Marjaliza, se procedió a la intervención telefónica, seguimiento y vigilancia de los investigados. Escuchas telefónicas que precisamente se utilizaron en el primer juicio de la 'Púnica', que se celebró hace dos semanas en la Audiencia Nacional por el chivatazo que supuestamente dieron dos guardias civiles a Granados acerca de que estaba siendo investigado y en el que el considerado 'conseguidor' de la trama, David Marjaliza, declaró como testigo.
Una vez concluida la vista oral, el abogado del exsecretario general madrileño, José Javier Vasallo, solicitó a la Sección Primera de la Sala de lo Penal el testimonio "íntegro de las transcripciones y las actas" de las sesiones del juicio para poder interponer "las correspondientes acciones penales" al entender que el contenido de estos testimonios y las declaraciones de los testigos reflejan "una infracción penal".
Es decir, que Marjaliza "ha podido consumar presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y otros conforme se declaró por los agentes en el plenario celebrado, sin que hasta la fecha, y por razones desconocidas se haya adoptado investigación alguna por estos hechos, ni por parte de la Audiencia Nacional u otro órgano judicial", explica el letrado en el escrito dirigido a la Sección Primera y que reitera en las querellas que se han interpuesto ante los Juzgados de Instrucción de Madrid.
Según refleja la denuncia penal dirigida contra los guardias civiles por el supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos, en uno de los informes redactados sobre los pinchazos telefónicos se expone que Marjaliza llamó a su secretaria, Ana María Ramírez, para comentarle la "vigilancia a la que se ha sometido a su sede social" y la atribuye a que "ha acudido dos veces a verle 'el cojo', un individuo cuyo hermano está en la cárcel por drogas".
En este sentido, el letrado destaca que las intervenciones telefónicas sirvieron para "dar pie a un presunto delito de revelación de secretos" por el que ha sido juzgado Granados --y para el que la Fiscalía pide tres años de prisión--; mientras que se dejó "al margen intencionadamente" un presunto delito contra la salud pública y blanqueo de capitales "derivada de esta organización".
Y añade que de "todos los miembros" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que declararon en el juicio "admitieron que por falta de medios no se investigó la relación del señor Marjaliza con traficantes, al considerar que era más importante investigar su implicación en la trama de corrupción" y que de sus conversaciones se desprendía que tenía un contacto con el "mundo del narcotráfico".
