Agentes de la Guardia Civil han acudido esta mañana a varios departamentos de la Generalitat en busca de expedientes administrativos relacionados con la organización del referéndum, por orden de la juez que investiga los preparativos del 1-O. Según han informado fuentes cercanas al caso, los agentes tienen orden de requerir documentación relativa al 1-O en los departamentos de Acción Exterior, Trabajo y Presidencia, así como en las oficinas de la Intervención General de la Generalitat y en el Gabinete Jurídico Central.
El nuevo requerimiento de información lo acordó la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, por orden de la Fiscalía, en el marco de la causa en la que ha procesado a una treintena de personas, entre ellas numerosos exaltos cargos del gobierno de Carles Puigdemont, por su papel en la organización del 1-O.
La juez ordenó a los agentes acudir a las sedes de la Generalitat citadas de forma que, "en el acto", se les facilite la información requerida, en su mayoría expedientes administrativos con los que la Fiscalía pretende demostrar el uso de fondos públicos para financiar el referéndum. Los agentes del instituto armado se han personado, de paisano, en distintas oficinas del gobierno catalán indicadas por la juez, donde, según fuentes de la Generalitat, se les han facilitado los expedientes administrativos que solicitaban.
Concretamente, la Guardia Civil tenía orden de requerir al Departamento de Presidencia siete expedientes relativos a la contratación de la publicidad del Registro de Catalanes en el exterior y del anuncio del 1-O, así como de la distribución postal encargada a Unipost y de la adjudicación de los proyectos de reforma del CTTI, centro que albergó la logística informática del referéndum.
En el Departamento de Acción Exterior, la Guardia Civil busca las facturas de los pagos de la delegación del Govern en Ginebra a The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), que la juez sospecha corresponde a los gastos de traslado y alojamiento de los observadores internacionales del 1-O.
Asimismo, los agentes reclaman en el Departamento de Trabajo un expediente administrativo relacionado con una aplicación informática que las acusaciones creen se creó para recabar voluntarios para el 1-O. En la Intervención General de la Generalitat, la juez quiere hacerse con la certificación de una factura del Departamento de Trabajo a nombre de Pau Raventós, ex director general de la empresa Unipost a la que presuntamente se encargó la distribución postal del referéndum. Asimismo, en el Gabinete Jurídico Central, la Guardia Civil ha requerido la copia certificada de sendas resoluciones firmadas por el exsecretario de Presidencia Josep Maria Jové con los nombramientos de los responsables del Registro de Participación en Consultas Populares.
