La Guardia Civil cifra en 1.040.800 euros las comisiones de empresas que CDC recibió, presuntamente, entre 2008 y 2013

La Guardia Civil ha cifrado en 1.040.800 euros las comisiones de empresas que CDC recibió presuntamente entre los años 2008 y 2013, encubiertas como donaciones a sus fundaciones afines Catdem, Forum Barcelona y Òmnium, a cambio de adjudicaciones públicas.

Así consta en un informe que el instituto armado ha presentado al titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Barcelona), que investiga el llamado "caso 3%" de presunto pago de comisiones ilegales a CDC, una causa en la que se investiga a varios cargos de la extinta formación y que la Fiscalía ha pedido ahora que pase a manos de la Audiencia Nacional. Tras examinar las cuentas de las fundaciones afines de CDC y 24 expedientes de adjudicación de obras públicas considerados sospechosos, la Guardia Civil concluye que la formación recibió más de un millón de euros en comisiones ilegales entre 2008 y 2013, ya con Artur Mas al frente del partido, del que fue nombrado presidente en 2012.

A esas supuestas "mordidas", sostiene el instituto armado, se suman otros pagos como "entradas partidos de fútbol, viajes, alojamientos en hoteles y organización de otros eventos como cacerías".

Las obras por las que la Guardia Civil cree que CDC recibió comisiones, adjudicadas por distintas administraciones públicas, sumaban un presupuesto de licitación agregado de 218,7 millones de euros. Según el informe, el importe de las adjudicaciones definitivas de esas licitaciones asciende a 168,7 millones, a los que hay que añadir la suma derivada de la modificación de los proyectos, que asciende a 1,7 millones, y de las correspondientes prórrogas, que suponen otros 4,5 millones.

Precisamente, la Fiscalía advierte sobre la "grave repercusión" que tuvo para la economía española la trama del 3%, dada la "sobresaliente cantidad de millones de euros objeto de concursos amañados", en su informe para pedir al juez de El Vendrell que se inhiba de la causa a favor de la Audiencia Nacional.

En el escrito, el fiscal José Grinda sostiene que la economía española "se resiente con especial virulencia cuando las defraudaciones se realizan de manera sistemática y tienen como motor a un partido político, pues el hecho de que los resultados de concursos públicos de obra se vean predeterminados con la financiación de un partido político supone una grave alteración en el mercado y en la competencia empresarial que repercute gravemente en la economía nacional". Para el fiscal, "el hecho de que los resultados de concursos públicos de obra se vean predeterminados por la financiación de un partido político supone una grave alteración en el mercado y en la competencia empresarial".