La Guardia Civil sospecha que el Departamento de Trabajo de la Generalitat utilizó "los datos de miles de personas" para el censo y la designación de los miembros de las mesas electorales del referéndum del 1-O, "vulnerando los principios básicos" en el control de la información personal.
Así lo sostiene el instituto armado en el informe que ha remitido al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum del 1-O, a partir del análisis de las tarjetas censales y certificados de miembros de mesa electoral que la Guardia Civil intervino a la empresa de mensajería Unipost. Dicho informe detalla que se intervinieron a dicha empresa 45.250 cartas que "se pretendían repartir como certificadas" para nombrar a los componentes de las mesas electorales del referéndum suspendido por el Constitucional.
La Guardia Civil también incautó a Unipost otras 5,3 millones de cartas de censo electoral, que se pretendían repartir como ordinarias y por las que la empresa -en concurso de acreedores- facturó un total de 979.661 euros a las consellerías de Economía, Trabajo, Presidencia, Salud y Cultura de la Generalitat. Para la designación de los miembros de las mesas electorales, añade el informe, "se han utilizado los datos de miles de personas" que constan en el archivo incautado a David Palanques, trabajador del Departamento de Trabajo investigado por los preparativos del referéndum, con el título "Modelo de comunicación a miembro de mesa electoral" y que, según los investigadores, fue confeccionado por el ex secretario general de la consellería Josep Ginesta. Esos datos, subraya la Guardia Civil, fueron cedidos por la Generalitat "a una entidad privada, vulnerando los principios básicos de custodia, almacenamiento y control de datos personales".
El informe también advierte de una "manipulación" de los certificados que acompañan las cartas intervenidas a Unipost, "simulando la autenticidad de ese documento público para hacer creer a los destinatarios que se trataba de una comunicación oficial, por parte de la Generalitat, a las designaciones para componentes de mesas electorales del 1-O". "Hecho este no baladí, pues los responsables intentaron transmitir la imagen de que se trató de unos comicios legítimos con todas las garantías", insiste la Guardia Civil en su informe.
El pasado 29 de enero, se cotejaron en el juzgado de instrucción unas cartas elegidas al azar entre la documentación incautada a Unipost, cuyos datos se comprobó que coincidían con los del archivo que se intervino en el despacho profesional de David Palanques en el Departamento de Trabajo, con el nombre 'sorteig' (sorteo). Tras el análisis de la documentación incautada a Unipost, el instituto armado considera que hubo "un concierto entre actores públicos y privados" con el que la Generalitat quiso materializar el referéndum del 1-O y "declarar la independencia de Cataluña en el Parlament".
En su informe, pide al juez que requiera a Caixabank la información sobre los pagos recogidos en las facturas con las que la Generalitat abonó a Unipost los 979.661 euros que, bajo el epígrafe 'Resumen Campaña Generalitat', la Guardia Civil sospecha que sirvieron para pagar el envío de correspondencia vinculada al 1-O. También solicita el instituto armado al juez que reclame a la Interventora General de la Generalitat la justificación de los pagos a Unipost y si éstos se efectuaron finalmente.
