El registro que ha llevó a cabo ayer la Guardia Civil en la sede de CDC en Barcelona finalizó tras doce horas de trabajos, en un caso en el que se investiga el presunto cobro de mordidas del 3% por concesiones de obras públicas y este jueves continuarán las investigaciones.
Los agentes de la Guardia Civil sacaron de la sede de CDC una decena de cajas y se está pendiente del traslado del tesorero del partido, Andreu Viloca, detenido a primera hora de ayer y presente en el registro desde el primer momento.
Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción, en este caso se investigan los posibles delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía Anticorrupción ha coordinado los registros y las detenciones llevadas a cabo durante el día por agentes de la Guardia Civil, en la denominada operación Petrum III.
Los registros practicados se han llevado a cabo tras el análisis de la documentación incautada a finales del pasado mes de agosto, en los registros practicados en distintos domicilios y en las sedes de la fundación CatDem y de CDC en Barcelona, y "valorando la situación de urgencia en la práctica de diligencias debido al riesgo de destrucción de los medios de prueba", señaló la Fiscalía.
La operación, dirigida por un juez de El Vendrell (Tarragona), ha comportado también la detención del director de Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rosell, cuyo despacho en la sede de la empresa pública también ha sido registrado, así como los Ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós del Bages (Barcelona), que adjudicaron obras públicas a los empresarios investigados.
Los agentes han detenido también a dos personas vinculadas al área financiera de la formación nacionalista: Carlos del Pozo, secretario del patronato de la fundación Catdem -que tiene una contabilidad común con CDC- y una administrativa del partido.
A lo largo del día, la Guardia Civil detuvo a directivos de las empresas Copisa, Urbaser, Rogasa, Construcciones, Grupo Soler, Tec4 y Oproler, y ha registrado sus oficinas y sus domicilios en busca de documentos que acrediten la tesis de la Fiscalía de que pagaron comisiones del 3% a CDC a cambio de adjudicaciones de obras y servicios públicos por parte de administraciones controladas por la formación.
