Varios hoteles de Calella de Mar (Barcelona), entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, han instado a los 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a que abandonen sus instalaciones después del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional celebrado este domingo.
En el caso concreto de Calella, fuentes de los Cuerpos de Seguridad han explicado que en su hotel "se han portado maravillosamente" con ellos "pero al final no han tenido mas remedio que ceder". "La alcaldesa de Calella, de CIU, ha llamado al director esta mañana y le ha dicho que o nos echa o paraliza el expediente de una licencia de reforma total del hotel", han revelado.
"Ha recibido varias llamadas, una de ellas diciéndole que le van a quemar el hotel, otras amenazando de muerte a sus padres y recordándole que tiene niños pequeños. Han faltado la mayoría de los camareros a trabajar hoy, por amenazas y presiones. Han tenido que cerrar con maderas y persianas todas las ventanas, como cuando viene un huracán. Han cortado los suministros de comida, supongo que algunos distribuidores por convencimiento propio, otros por presiones. Han tenido que colgar el cartel de 'Hotel cerrado'", han añadido.
"Nosotros, con todo el agradecimiento hacia estas personas que nos han tratado tan bien, nos vamos para que ellos no tengan mas problemas. 250 guardias nos vamos... no sabemos a donde", concluye. El caso de este hotel no sería el único y habría más presionados por la alcaldesa de Calella.
Fuentes policiales han indicado que en el caso de la Policía Nacional son 250 los agentes antidisturbios que tendrán que buscarse otro alojamiento mientras permanezca el dispositivo desplegado en Cataluña.
Según las mismas fuentes, un grupo de personas ha acudido a uno de los hoteles a increpar a los agentes y la dirección del establecimiento ha dado un ultimátum a los policías para que a las doce del mediodía abandonaran sus habitaciones.
Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) llevan al menos diez años alojados en establecimientos hoteles de Calella sin que se hayan producido incidentes de ningún tipo e incluso, han atendido a los policías con hospitalidad.
Pese a todo, los agentes han decidido dejar los hoteles para que los trabajadores, algunos de los cuales este lunes no han acudido a su puesto, no tengan problemas y han expresado el agradecimiento a todos los empleados por la atención que han recibido siempre.
Gimnasios, bares y otros comercios que durante años se han favorecido por la presencia casi continua en la localidad de fuerzas de seguridad no han permitido este lunes la entrada a los agentes.
Incluso, algunos de ellos han publicado mensajes en sus cuentas de las redes sociales para condenar la actuación policial de este domingo en los centros de votación y avisan a los policías: "A partir de hoy, a favor de un derecho fundamental como la democracia, usted no es bienvenido. Seguramente otros muchos establecimientos estarán encantados de recibir su dinero".
Esta situación ha sido denunciada también por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que, en un comunicado, además de relatar el caso de los hoteles ha resaltado el acoso y hostilidad contra los guardias civiles que está provocando "situaciones muy difíciles en el seno familiar de trabajadores que hace hasta escasas fechas vivían plenamente integrados en Cataluña".
La Guardia Civil reubica a los agentes que sufrieron el escrache
La Dirección General de la Guardia Civil ha ubicado en otras instalaciones a los más de 200 agentes que abandonaron su hotel de Calella este lunes tras sufrir un escrache de independentistas en la puerta del hotel donde se alojaban.
Estas fuentes han precisado que los guardias civiles decidieron, tras sufrir "varias horas de acoso", abandonar el Hotel Vila de Calella, un municipio de 18.000 habitantes a 50 kilómetros de Barcelona.
Según un vídeo, los manifestantes les gritaron que se fueran, les insultaron reiteradamente y les llamaron fascistas con continuos reproches por el dispositivo policial en el que requisaron urnas y material electoral tanto el 1 de octubre como en días previos, cumpliendo siempre órdenes de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
