El Ministerio de Hacienda ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudien la posible tutela de las cuentas del Principado de Asturias ante la situación política que vive la comunidad y que puede hacer imposible que apruebe su plan económico.
Hacienda ultima este fin de semana la negociación con las autonomías sobre sus planes económicos de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera y en ese contexto ha expresado en un comunicado su preocupación por el caso de Asturias, ya que un Gobierno en funciones no puede adoptar compromisos de ingresos y gastos.
Por ello, Hacienda ha pedido que se baraje la aplicación de la nueva Ley de orgánica de Estabilidad Presupuestaria ante la imposibilidad de Asturias de aprobar su plan económico. Ha recordado además que la nueva Ley de Estabilidad exige la aprobación del plan económico financiero o, en caso contrario, "la aplicación de medidas coercitivas y, en último extremo, la tutela de las cuentas de la región por la Administración del Estado".
La respuesta del Gobierno asturiano
El Gobierno asturiano ha asegurado que la posibilidad apuntada desde el Ministerio no se comprende salvo que con esas filtraciones o manifestaciones "se persigan fines políticos ajenos a la estabilidad presupuestaria y a la corrección del déficit".
Para el gobierno regional, su Plan Económico Financiero (PEF) "cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria" y las medidas de contención ya adoptadas garantizan que 2012 acabará con un déficit del 0,99 por ciento del PIB, inferior al límite del 1,5 por ciento. De hecho, según el Ejecutivo, en el PEF remitido al Ministerio esta semana se refleja que los estados de gasto e ingreso se han elaborado teniendo en cuenta todas las disposiciones legales de Asturias, los techos de déficit y endeudamiento y los ingresos del Sistema de Financiación de la comunidad autónoma comunicados el pasado 10 de abril.
Ha advertido además que el hecho de que el Ejecutivo esté en funciones es una situación "transitoria" que concluirá el próximo día 22 de mayo con el inicio del procedimiento e investidura de un nuevo presidente. Se trata de una situación normal y reglada que, si bien supone limitaciones operativas en la capacidad del Gobierno para adoptar acuerdos que afecten al futuro Ejecutivo, "no le impide cumplir las obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico, entre ellas, las relativas a garantizar la estabilidad y sostenibilidad fiscal".
El líder de los socialistas asturianos pide "prudencia"
El secretario general de los socialistas asturianos, Javier Fernández, ha reclamado "prudencia" porque, en su opinión, "es necesario conocer más datos y que Hacienda ofrezca todas las explicaciones y cifras que maneja para hacer las aseveraciones que realiza que, sin duda, generan alarma y perjuicio para la comunidad autónoma".
El candidato socialista a la Presidencia del Principado ha criticado que sólo se haya hecho un ajuste automático" provocado por la prórroga de los presupuestos del pasado ejercicio y que el Gobierno de Cascos haya dicho que no podía poner en marcha otras medidas de ajuste "adecuadas" por encontrarse en funciones.
Desde el PP de Asturias, sin embargo, se ha advertido de que el objetivo de estabilidad es irrenunciable y que aún queda margen para corregir el plan de ajuste y alcanzar el objetivo de déficit.
El PP confía además en que la colaboración entre la Abogacía y la Intervención General del Estado y los servicios jurídicos del Principado permita corregir y modificar los elementos necesarios del plan. El coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias, ha asegurado que el anuncio de Hacienda es una "enorme irresponsabilidad" porque no aporta ni un sólo dato que justifique ese planteamiento y ha anunciado que pedirán al ministro que de explicaciones "de manera urgente".
El diputado de UPyD en el Parlamento asturiano, Ignacio Prendes, ha afirmado que este asunto responde a una "gravísima irresponsabilidad" del gobierno en funciones de Álvarez-Cascos, que coloca a la comunidad autónoma "en una peligrosa situación" y confirma la necesidad de que se dote de un gobierno "sólido, estable y solvente".
