La Abogacía del Estado, en nombre de Hacienda, ha solicitado al juez del caso Nóos, José Castro, que exija a la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin que acrediten la retención de un 3 % de la cuantía que obtengan con la venta del chalé de Pedralbes por no ser residentes en España. En una providencia, el juez Castro da traslado de esta petición por parte de la Agencia Tributaria a las partes personadas en el caso Nóos y les concede tres días para que aleguen lo que consideren conveniente, antes de tomar una decisión al respecto.
En el escrito, la Abogacía del Estado detalla que cabe aplicar a la venta de la vivienda de la infanta y Urdangarin una retención por la adquisición de bienes inmuebles a "no residentes sin establecimiento permanente". La Ley del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas considera no residentes a quienes estén más de 183 días al año viviendo fuera de España (contando también las salidas esporádicas) o bien que no tengan radicado en España el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos.
La Abogacía del Estado detalla que el devengo de este impuesto debe hacerse la fecha en que se efectúe la transmisión y el ingreso en el plazo de un mes a partir de la operación. El acuerdo alcanzado por el matrimonio para la venta de su vivienda contempla un precio de 6,95 millones de euros, de los que un abogado ya ha pagado 300.000 euros en concepto de señal tras formalizar un contrato de arras. El 17 de marzo es la fecha límite para cerrar la operación. Un 3 % de ese precio implicaría que la retención es de 208.500 euros.
La reclamación de la Abogacía del Estado se ha producido el mismo día que Castro ha desestimado el recurso que interpuso la defensa de Urdangarin pidiendo que se le permitiera destinar parte de la venta de su chalé de Pedralbes a abonar 253.705 euros que debe a la Hacienda por la liquidación tributaria pendiente de 2009. Castro ha justificado su rechazo por el hecho de que la deuda con Hacienda que pretende pagar Urdangarin no deriva de la supuesta comisión de ningún delito que se siga en el caso Nóos, y ha confirmado las condiciones que puso a la venta en una resolución del pasado 5 de febrero.
Urdangarin recurrió la decisión del juez de autorizar la venta de la vivienda a cambio de que los duques de Palma se comprometieran formalmente a destinar los 2,3 millones de euros que les reportará la operación a pagar parte de las fianzas que pesan sobre ellos como acusados en el caso Nóos, unos 700.000 euros más de lo que ellos pensaban entregar. Los duques de Palma sostenían que tras la venta les quedarían 1,55 millones de euros para abonar parte de sus fianzas porque tenían que destinar la mayoría del precio pactado con el comprador a pagar la hipoteca restante (4,4 millones), otro préstamo bancario (437.215 euros), la plusvalía al Ayuntamiento de Barcelona (149.723 euros), gastos de la operación (unos 10.100 euros) y una deuda fiscal.
El juez entendió que el préstamo complementario y la deuda de Urdangarin con Hacienda, que suman 690.920 euros, no pueden tener preferencia sobre las fianzas, decisión que hoy ha ratificado. Sobre los duques de Palma, que serán juzgados por diversos delitos en el caso Nóos, pesan fianzas de responsabilidad civil de 13,6 millones de euros, en el caso de Urdangarin, y de 2,7 millones de euros para la infanta.
